El juzgado declara que las compras se vieron afectadas por un "claro, manifiesto y evidente" dolo civil, por omisión de la información esencial del producto que se suscribe, y que determinó en una errónea formación del consentimiento en el inversor.
La entidad tiene que devolver a una exempleada el dinero que acudió a la ampliación de capital de junio de 2016.