La Fiscalía Anticorrupción solicita 7 años de prisión y la inhabilitación absoluta para los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo por la pieza 1 del 'caso Lezo', la compra de la empresa colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II.
El expresidente madrileño y exministro de Justicia declara ante el juez por la operación Lezo acusado de delitos de prevaricación y malversación de dinero público.
La defensa de Calvo ha solicitado al juez que archive su acusación al no existir "ni el más mínimo" sobreprecio en la compra de la citada sociedad.
Cuatro de los consejeros que aprobaron la adquisición están citados en la Audiencia Nacional a partir de las 15.30 horas.
La renuncia de Canalda se produce tras su imputación en el caso Lezo en lo relativo a su presunto papel en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II.
El juez ha llamado a declarar a todos los miembros del consejo de administración del Canal que votaron a favor de la adquisición de Inassa en noviembre de 2001.
La Fiscalía incluye al expresidente en el acuerdo que autorizó la adquisición pero quiere determinar primero su grado de conocimiento.
Los fiscales apuntan directamente a Gallardón, pero también a los "miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2009" por el que se autorizó la compra.
La compra en 2013 por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75 por ciento de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes supuso una malversación de 25 millones de euros al patrimonio público madrileño.