El Real Decreto que hoy aprueba el Gobierno para decretar el Estado de alarma incluye, entre otras la paralización de la actividad judicial en toda España, lo que afecta a los procesos de desahucio, ya que éstos no se han incluido entre los servicios esenciales que debe atender la justicia durante el periodo que dure la actual situación.
La encuesta del Observatorio de los Servicios Urbanos refleja que un 69% de los españoles está satisfecho con el suministro del agua, 8 puntos más que hace un año.