El Gobierno de Rajoy veta la reforma de la Ley de Memoria Histórica del PSOE porque sale cara

El Gobierno ha comunicado al Congreso su disconformidad con la tramitación parlamentaria de propuesta del PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica al estimar que supondría un aumento de los créditos presupuestarios de más de 213,29 millones de euros.

Este escrito de veto se registró a última hora del miércoles, al filo del plazo que tenía el Gobierno para pronunciarse, ya que la Constitución otorga al Ejecutivo capacidad para bloquear la tramitación de iniciativas legislativas que altere su política presupuestaria, ya sea por suponer un aumento de gasto o una disminución de los ingresos.

La Mesa del Congreso recibirá el escrito en su reunión de la próxima semana y si lo acepta, como viene ocurriendo esta legislatura con los votos de los diputados del PP y de Ciudadanos, la ley del PSOE quedará bloqueada.

La reforma de los socialistas persigue entre otros asuntos que el Estado asuma la localización, identificación y exhumación de los restos de más de 100.000 personas represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo que se calcula que siguen enterradas en fosas comunes y cunetas.

EL PRESUPUESTO ACTUAL ES "SUFICIENTE", DICE JUSTICIA

En la comunicación del Gobierno se señala que la propuesta del PSOE rebasa la partida que los Presupuestos prevén cada año para "Memoria Histórica", que según el Ministerio de Justicia tiene "consignación presupuestaria suficiente" para los trabajos de localización y exhumaciones de personas desaparecidas, Banco Nacional de AND, Censo Nacional de Víctimas, creación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad, funcionamiento del Consejo de la Memoria de España, resignificación del Valle de los Caídos, mapas y catálogos y demás aspectos.

Así, indica que la idea del PSOE de garantizar indemnizaciones a las familias de los fallecidos en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978 que aún no hayan sido compensadas supondría un sobrecoste de 15,79 millones de euros.

Además, señala que el resarcimiento económico a las personas que sufrieron incautaciones de bienes y sanciones económicas en el franquismo conllevaría un aumento de créditos presupuestarios, ya que la compensación es forzosamente monetaria, así como el coste de crear un mecanismo para gestionar las solicitudes.

Respecto al derecho de resarcimiento a los particulares afectados por la incautación de papel moneda, argumenta que en el Banco de España no hay datos suficientes para estimar el impacto económico de su restitución, pero cree que, a partir de informaciones de la Administración sobre unas reclamaciones previas, se puede hablar de 1,67 millones de pesetas del año 1936, que al cambio actual, el Gobierno cifra en 140 millones de euros.

57,5 MILLONES PARA EXHUMACIONES

En cuanto a la pretensión del PSOE para sufragar la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas en el Valñe de los Caídos, el Ministerio de Justicia calcula que para el conjunto de los trabajos y el personal contratado se necesitarían otros 57,5 millones de euros.

A ello se suman los análisis científicos de los restos, que el Instituto Toxicológico cifra en 600 euros por cada víctima, más los gastos para la obtención y análisis de las muestras de sus familiares.

En suma, el Gobierno concluye que la aprobación de esta proposición de ley generaría un incremento de los créditos presupuestarios por un importe de al menos 213.292.846,23 euros, por lo que se niega a dar su conformidad a la tramitación.

EL PSOE APELA A Cs

El PSOE ha pedido a Ciudadanos que, con sus votos claves en la Mesa del Congreso, rechace el veto del Gobierno a la tramitación parlamentaria de su proposición de ley.

"Esperamos que Ciudadanos no apoye en la Mesa del Congreso ese veto, que impide que haya un debate que permita pasar de una vez la página del franquismo y dar resarcimiento moral", ha dicho la portavoz socialista, Margarita Robles.

Del medio centenar de vetos que ha presentado el Gobierno a otras tantas leyes, la Mesa del Congreso sólo ha desatendido dos al principio de legislatura, en octubre de 2016, al considerar que no había justificación al bloqueo: se trata de dos iniciativas del PSOE, una para paralizar la aplicación de la LOMCE y otra para equiparar las condiciones de los trabajadores de subcontratas.

EL CONGRESO SÓLO HA DESATENDIDO DOS DE LOS 50 VETOS

En ambos casos, Ciudadanos se alineó con PSOE y Unidos Podemos en la Mesa del Congreso y, dejando en minoría al PP, consiguió que se ignorase el veto del Gobierno, permitiendo la tramitación de las iniciativas. Eso sí, el Ejecutivo respondió presentando un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional y el caso es que ambas iniciativas siguen bloqueadas en la Cámara.

Todos los demás escritos de disconformidad han sido aceptados por la Mesa del Congreso. Desde Ciudadanos argumentan que la capacidad de veto está en la Constitución y que el órgano de gobierno de la cámara no tiene margen para rechazarlos, salvo que considere que no están debidamente fundamentados en cifras.

Margarita Robles quiere que el partido naranja, igual que ha

desbloqueado la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y otras, permita que la ampliación de la ley de memoria histórica pueda seguir su camino en el Congreso.

"No vale con decir que se desbloquea la 'ley mordaza', porque al mismo tiempo se siguen bloqueando más de 25 leyes de claro contenido social", subraya Robles.