El ex director de los Mossos asume la manipulación de actas redactadas por el cuerpo el 1-O

César Puig y Pere Soler junto a Forn y Trapero en una reunión de los Mossos d'Esquadra con el ex consejero de Interior. 

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler y al exsecretario general de la Conselleria de Interior catalana César Puig tras tomarles declaración por la actuación de la policía autonómica en el referéndum independentista del pasado 1 de octubre.

Aún así, Lamela considera que ambos formaron parte de una "correa de transmisión" que se puso en marcha con el fin de que la Generalitat de Cataluña tuviera el control del cuerpo policial con motivo de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

En el mismo auto la juez expone que se les acusa de delitos "graves" (recordando que apuntó a organización criminal) y precisa que la "finalidad inmediata" tanto de Soler como de Puig era facilitar la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y, con ello, la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollaban una actuación al margen de las vías legales.

Explica que en julio de 2017 se produjeron unos cambios en el gobierno del entonces presidente Carles Puigdemont con el fin de sustituir a los consejeros que no se mostraran totalmente dispuestos a asumir las consecuencias de la deriva soberanista. En este contexto fueron nombrados Joaquim Forn y Pere Soler como consejeros del Interior y director de los Mossos, respectivamente, mientras que Puig continuó en el cargo que asumió en julio de 2015.

Se trataba, explica Lamela, que desde los órganos de gobierno se tuviera el control del cuerpo policial, para lo que a su vez resultaba necesario la connivencia de los responsables políticos con los altos mandos de la policía autonómica que hicieran "de correa de transmisión" de las instrucción de aquellos.

PUBLICACIONES EN TWITTER

Igualmente recuerda que Soler, tan solo dos semanas después de su nombramiento, expresó públicamente que "la Constitución no les obligaba". Un día antes publicó en su cuenta personal de Twitter que su ordenamiento jurídico no se acababa con la Constitución española y que la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) tenía supremacía.

Al hilo ha recordado que, con el fin de evitar que se bloquease el plan estratégico hacia la independencia, se diseñó un plan premeditado para evitar actuar y que procedía de la cúpula de los Mossos (comandada entonces por el también investigado en la causa Josep Lluis Trapero) en conexión directa con Soler y Puig.

La "inactividad" policial a la que se refiere la magistrada ya se vio reflejada en unas declaraciones de Soler previas al 1-O en las que dijo que la misión de los Mossos era garantizar derechos y no impedir su ejercicio. Por ello se comunicaron una serie de indicaciones para esa jornada en una especie de "crónica anunciada" de que si los ciudadanos actuaban de una determinada manera en las votaciones, la actuación de los Mossos serían prácticamente nula.

CONOCEDORES DEL PLAN DE ACTUACIÓN

Añade además que en los días previos se elaboró un Plan de Actuación del que tuvieron "puntual conocimiento" Soler y Puig y que fue sometido a la consideración del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, poniendo ambos de manifiesto a Trapero que este plan no era el adecuado si se quería cumplir con la orden de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de prohibir el referéndum.

Sobre este punto explica que aunque el exjefe del cuerpo policial se comprometió a modificarlo, finalmente no se llegó a realizar ningún cambio. Ya el 1 de octubre se empleó un sistema entre los agentes que suponía una ralentización entre las comunicaciones por lo que al final se dejaba "en el ámbito de la valoración personal" de cada policía, el cumplimiento del mandato del TSJC.

Durante sus declaraciones en sede judicial tanto Pere Soler como César Puig se han desvinculado de los mandatos dados al cuerpo policial aunque el exdirector de los Mossos ha asumido la iniciativa de manipular las actas que redactaron los agentes autonómicos desplegados durante la jornada del referéndum independentista.

Pese a todo, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 ha decretado para Soler medidas cautelares como son retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias quincenales en el juzgado más cercano.

Tras comparecer durante aproximadamente dos horas y cuarto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado libertad sujeta al pago de una fianza de 100.000 euros con un plazo de diez días para pagarla. Sin embargo, la magistrada ha decidido dejarlo en libertad con cautelares.

ANTECEDENTES

La juez, que esta semana ha ampliado el plazo de instrucción 18 meses más tras declarar la causa compleja, accede parcialmente a la petición formulada por la Fiscalía que pidió su imputación en la causa por sedición en la que también están siendo investigados el exjefe de este cuerpo policial Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana.

En su auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 expuso que los hechos que se instruyen en esta causa, es decir, los incidentes en los registros de la Consejería de Barcelona los días 20 y 21 de septiembre y la consulta ilegal, revisten los caracteres de dos delitos de sedición y en particular como constitutivo de otro de organización criminal.

El Ministerio Público pidió que se ampliara la investigación en estas dos personas porque considera que su actuación fue "decisiva" y porque no consta que intentara evitar el referéndum, sino más bien al contrario, se trató de "engañar" a las autoridades haciendo ver que se cumplían con las directrices acordadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

NO EVITARON LA CONSULTA ILEGAL

"Tanto Pere Soler, como su major, Josep Lluís Trapero, se vieron en la obligación de transmitir la sensación de que acatarían aquella orden cuando en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo, por el contrario, su colaboración en la celebración del referéndum fue más allá de la inactividad y se convirtió en acción a favor de su consumación", reza el escrito remitido el pasado 21 de febrero.

Hasta el momento en la causa se investigaban a Josep Lluís Trapero y la intendente de los Mossos Teresa Laplana. 

El exjefe de los Mossos declaró en sede judicial el pasado 23 de febrero por tercera vez el pasado viernes tras imputarle un nuevo delito de sedición en relación con la consulta del 1 de octubre.

En su declaración ante la magistrada precisó que se reunió hasta en dos ocasiones con el expresidente Carles Puigdemont los días previos al referéndum para mostrar la preocupación de los Mossos por la seguridad ciudadana en esa jornada, aunque no pidió que desconvocara porque no estaba entre sus funciones.