La Universidad Rey Juan Carlos valora quitar el título a Cifuentes

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha decidido suspender de sus funciones al director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.

Ramos ha informado de esta decisión al Consejo de Gobierno de la URJC, y  ha comunicado la apertura de un expediente disciplinario a la funcionaria de la universidad Amalia Calonge "por graves irregularidades detectadas" en la investigación abierta por la propia institución académica sobre el máster de Cifuentes.

En el foco de las posibles medidas disciplinarias están los profesores implicados en las anomalías trasladadas a la fiscalía para que determine si se ha cometido un delito de falsedad documental. 

El rector ha explicado que además de suspender de sus funciones a Álvarez Conde, que hace una semana aseguró que había "reconstruido" el acta de la evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cifuentes por petición directa de Ramos, también se ha abierto un expediente disciplinario a la funcionaria implicada en las "graves irregularidades detectadas", en relación a Amalia Calonge, por cambiar supuestamente las notas en el sistema informático sin tener autorización para hacerlo.

Estas decisiones son fruto de las conclusiones del Expediente de Información Reservada que la Universidad Rey Juan Carlos abrió a raíz de las informaciones conocidas el pasado 21 de marzo, en relación al acta de Evaluación del TFM y que se ha dado a conocer este viernes, coincidiendo con la reunión del Consejo de Gobierno.

La URJC, ante los indicios de la comisión de un delito de falsificación de documento público tipificado en los artículos 390 y siguientes del Código Penal, ha procedido a la suspensión del Procedimiento de Información Reservada que se había abierto y al traslado de toda la documentación recopilada al Ministerio Fiscal.

Según ha anunciado hoy el rector, de dictarse sentencia firme reconociendo los hechos, se iniciarán "los trámites pertinentes para la anulación" del título de Cifuentes, quien sigue asegurando que cometió ninguna ilegalidad y que defendió su TFM un 2 de julio de hace seis años.

Según la universidad, la suspensión del procedimiento "no impedirá proseguir la investigación de todo lo relacionado con el Instituto de Derecho Público y, en particular, en cuanto a la implementación del Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico, de todas las formas que se consideren oportunas y en todo lo que no interfiera con la denuncia del rector ante la Fiscalía".

MEDIDAS CONCRETAS

Según recoge el informe de conclusiones, se abre expediente informativo a la funcionaria que, presuntamente, ha podido modificar las actas del máster "sin pertenecer a la unidad competente para hacerlo, y, al parecer, sin autorización y sin comunicación, ni previa, ni posterior, al jefe de Servicio de dicha unidad".

En cuanto al hasta ahora director de Derecho Público, se le abre también un expediente disciplinario "por irregularidades graves", además del "incumplimiento de la obligación de remitir memoria de actividades, gestión y cuentas" del Instituto que dirigía, pese a haberles sido requeridas.

Como medida cautelar y a este respecto, se procede a la suspensión de sus funciones "para asegurar la eficacia del procedimiento iniciado", destacan desde la universidad.

ÁLVAREZ CONDE NO ENTREGA NADA

El director ya suspendido de funciones del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Enrique Álvarez Conde, no ha entregado la información requerida por el rector del centro, Javier Ramos, de aportarle la memoria de actividades, gestión y las cuentas del organismo.

Así consta en el informe de conclusiones de la investigación abierta por la Universidad a raíz de la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha presentado Ramos en el Consejo de Gobierno, donde ha avanzado que prosigue la investigación de todo lo relacionado con el Instituto de Derecho Público y, en particular, en cuanto a la implementación del Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico "de todas las formas que se consideren oportunas y en todo lo que no interfiera con la denuncia ante la Fiscalía".

En este informe, se recomienda tomar las medidas que "aseguren la obtención de información y de control" del Instituto de Derecho Público en todas sus actuaciones y, en particular, respecto al desarrollo del polémico y de las calificaciones efectuadas en el mismo.

Por otro lado, se realizará una auditoría de todos los institutos y centros propios de la universidad para garantizar que todos los procesos de gestión académica y económica se desarrollaron conforme a la legislación, una decisión que se toma ante los "graves hechos" que ocurrieron con anterioridad a su toma de posesión.

"El objetivo de la misma es verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional", expone Ramos en su informe ejecutivo sobre el caso que ha presentado al Consejo.

"Todo ello se enmarca en la política de defensa de la reputación de la institución y de la honorabilidad de todos aquellos que forman parte de la comunidad universitaria. Nuestro compromiso implacable es el de investigar cualquier otra irregularidad o mala praxis de la que se pudiera tener conocimiento con el propósito, siempre, de depurar todas las responsabilidades a las que hubiera lugar", recoge el informe.

Además, asegura que está "fuera de duda la honorabilidad de la inmensa mayoría del profesorado y del personal de administración y servicios de todos los centros de la universidad". "Por ello, este equipo de Gobierno se compromete a erradicar las malas prácticas pasadas y futuras que se pudieran dar en esta universidad".