La trama de Correa y el PP llevó a un "auténtico sistema de corrupción institucional"

La sentencia del juicio de la primera época de la trama Gürtel, que ha condenado a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados, considera probado que entre los años 1999 y 2005 el grupo de empresas de Francisco Correa y el PP se tejió en diferentes territorios una "estructura de colaboración estable" que llevó a un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local".

Este sistema tenía lugar gracias a la "estrecha y continua relación" de lo que la sentencia denomina "Grupo Correa" con "influyentes militantes" del PP que han sido enjuiciados en este juicio --como Alberto López Viejo, Ricardo Galeote, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda--, los cuales "tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas".

El Grupo Correa desplegó sus actividades, según indica la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en territorios gobernados por el PP: la localidad malagueña de Estepona, los municipios madrileños de Majadahonda (2001 a 2005) y Pozuelo de Alarcón (2003 a 2005), Madrid (2002), Comunidad de Madrid (2004 a 2008) y Comunidad de Castilla y León (2002 y 2003).

El tribunal considera acreditado que durante esos años entre el Grupo Correa y el PP se tejió en esos territorios "una estructura de colaboración estable" y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido.

ARBITRARIO TRATO DE FAVOR

Los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada relatan en la sentencia cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, "gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública".

Según explican, inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad de la obtención ilícita de beneficios a costa del erario público, "o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc", de las que "en algunos casos se beneficiaron también sus familiares".

Otras cantidades detraídas sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del PP o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada 'caja B' del partido.

Esta 'caja B' era "una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido".

Eso sí, los magistrados explican que esto último se describe en la sentencia "únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto del enjuiciamiento", si bien quedan "fuera de su ámbito de conocimiento". La 'caja B', de hecho, está siendo investigada por el juez de instrucción de la Audiencia Nacional José de la Mata.

8,4 MILLONES EN CONTRATOS PÚBLICOS

Por los hechos juzgados en esta pieza, Francisco Correa, percibió 8,4 millones de euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008. Estos contratos generaron un "importante perjuicio" a las entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado "era mayor que el normal de mercado y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones". Además, Correa ingresó más de 2,8 millones de euros en concepto de comisiones por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo.

En lo que el tribunal denomina "auténtico sistema de defraudación del erario público", el extesorero del PP Luis Bárcenas supuso una "pieza fundamental" porque con su presencia, desde dentro del partido, podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación correspondiente, "de cuya ejecución se incrementaba en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella y del que el propio partido recibía su correspondiente beneficio".

Así, en esa relación, Correa se encargaba de los contactos con los empresarios y, a su vez, contactaba con Bárcenas, que hacía las gestiones necesarias "para que las adjudicaciones recayeran en el concreto empresario que les interesaba, en cuya ejecución se incluían los incrementos correspondientes, que luego eran repartidos de la manera que se tenía establecida".

LA FORTUNA DE BÁRCENAS EN SUIZA, A BASE DE COMISIONES

La Sala considera acreditado que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza "con fondos de comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas". Afirman que también se apropió indebidamente de la 'caja B'.

Y es que el tribunal explica que desde el año 2000, Bárcenas desarrolló por su cuenta y en colaboración con su esposa, Rosalía Iglesias, quien ha sido condenada a 15 años de prisión, una actividad dirigida a enriquecerse de forma ilícita, intermediando en otras adjudicaciones y apropiándose de fondos del PP, que ocultó a través de un entramado financiero en Suiza.

Por tanto, rechazan el argumento esgrimido por la defensa de Rosalía Iglesias de que carecía de los conocimientos para llevar a cabo las actuaciones que se le imputan. Esa justificación le relegaría "a poco más de un simple objeto, y esto no lo debe consentir el tribunal".

COLABORADORES EXTERNOS DE LA TRAMA

La sentencia distingue entre los miembros de la trama de Correa, a los que condena por asociación ilícita (salvo los ya condenados en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso Fitur), y los colaboradores externos, que desempeñaban sus funciones en el ámbito de la Administración. Entre estos últimos, describe el papel en Estepona por del gerente de la Sociedad Municipal de Turismo Ricardo Galeote en los contratos a las empresas de Correa; y el papel ejercido por el diputado por Segovia Jesús Merino en Castilla y León.

En Pozuelo, el tribunal describe las actuaciones ilícitas ejecutadas por el exalcalde Jesús Sepúlveda; en la Comunidad de Madrid detalla los actos llevados a cabo por el ex director general de Inmigración Carlos Clemente; y destaca la operativa ilícita desarrollada por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el exconsejero Alberto López Viejo.

Todos ellos, aprovechándose de sus competencias dentro de la Administración, convenían con Correa para procurarse ilícitamente un mutuo beneficio. Y las comisiones no sólo se abonaban en metálico, sino con viajes, regalos de coches, relojes o eventos familiares, como en el caso de Sepúlveda y su entonces esposa, la exministra Ana Mato.

Para la Sala, basta la sola lectura de los hechos para comprobar la importante cantidad de actuaciones prevaricadoras que se manifiestan "de cuantas maneras son imaginables para violentar los procedimientos de contratación, como los fraccionamientos, la contribución en la elaboración de los pliegos de prescripciones o la preselección de empresas. Todas ellas son una muestra clara de torcimiento del derecho, característico de la prevaricación, que, además, tiene por finalidad detraer de los caudales públicos que tienen bajo su custodia los acusados.

EL PP SE BENEFICIÓ ILÍCITAMENTE

La condena al PP como partícipe a título lucrativo se ha acordado por la mayoría del tribunal, es decir, por los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada, que fueron los que propiciaron que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarase como testigo en este juicio el 26 de julio de 2017. Por su parte, el presidente de este órgano colegiado, Ángel Hurtado, ha emitido un voto particular en el que muestra su discrepancia con la condena al partido político, ya que considera que no participó en los hechos delictivos y resalta "su desconocimiento de los mismos".

No obstante, la resolución de la Audiencia Nacional explica que las actividades de la red encabezada por Francisco Correa produjo un "enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado", unos beneficios al Partido Popular que son "cuantificables", añade la resolución" y que proceden de la "financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos, que de otra manera hubieran tenido que ser sufragados directamente con recursos económicos propios del partido político en cuestión".

"CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL"

A lo largo de las más de 1.600 páginas de sentencia el tribunal relata como la red de Correa y el PP tejieron entre 1999 y 2005 -considerada la primera época de actividades de la trama Gürtel-- en esos municipios, además de en Estepona (Málaga), Castilla y León y en Madrid, un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" a través de la manipulación de contratos públicos.

Según los jueces, con la influencia de cargos públicos pertenecientes al partido político gozaron de un trato de favor en la adjudicaciones públicas, en las que se inflaban los precios para obtener ilícitamente beneficios a costa del erario público o para conseguir comisiones.

Ademas, la sentencia hace mención a la existencia de una presunta caja 'b' del PP, que está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, al señalar que otras cantidades detraídas sirvieron directamente para pagar los gastos electorales del PP o para nutrir la "una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente", en los conocidos como 'Papeles de Bárcenas'.

Aunque el representante legal del PP, Jesús Santos -de quien destaca que se negó a declarar-- afirmase durante al principio de la vista oral que los actos organizados por la trama Gürtel se hicieron "a escondidas" de la sede nacional del partido y, que por tanto, era un "perjudicado" del procedimiento y que los responsables eran sus corporaciones locales -argumento que fue rechazado por la Fiscalía Anticorrupción--, la Sala considera que es la formación política la que debe resarcir el daño, ya que ostenta un único Número de Identificación Fiscal (NIF).

PP, "CONOCEDOR DEL DESTINO DE LOS FONDOS"

"La persona, en este caso jurídica, conocedor del destino de los fondos recibidos y beneficiada de la actividad ilícita desarrollada por Francisco Correa fue el Partido Popular no el grupo municipal", dice la sentencia.

De hecho, recoge la declaración como testigo del presidente del Senado, Pío García Escudero -que compareció el mismo día que Rajoy--, que fue coordinador nacional de campañas, en la que aseguró que el grupo municipal durante las campañas está "vacío de contenido". En esta misma línea se manifestó Ricardo el exalcalde de Majadahonda, también como testigo, que enfatizó que "era el Partido Popular quien debía sufragar los gastos y no el grupo municipal", recuerdan los magistrados.

Por todo ello, la Sala considera que el PP debe hacer frente a 133.628,48 euros por los actos realizados en Majadahonda y a 111.864,32 euros por los de Pozuelo; pero abonará ambas cantidades de forma solidaria con los exalcaldes antes mencionados; y con el exconcejal del municipio majariego y denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas; el otro exedil Juan José Moreno; con la exmujer de Correa y jefa de Gabinete de este consistorio, Mari Carmen Rodríuez Quijano; así como con los líderes de la trama, Franscisco Correa y Pablo Crespo.