PSOE y PP se lanzan críticas mutuas por romper el "consenso" en violencia de género

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar la puesta en marcha de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, según ha avanzado el grupo socialista durante la reunión de la Diputación Permanente de la Cámara baja, en la que el PSOE y el PP se han reprochado mutuamente la "ruptura del consenso" en esta materia.

Los populares han pedido explicaciones a la 'número dos' del Gobierno sobre el contenido, causas y urgencia del Real Decreto-ley 9/2018 de medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que el Ejecutivo aprobó antes del parón veraniego.

La diputada 'popular' Marta González, portavoz adjunta, ha lamentado la "torpeza y el apresuramiento" del Ejecutivo, después de que el pasado 3 de agosto el Consejo de Ministros aprobase el "decretazo". Entre otras cosas, dicho decreto ley amplia los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género y también modifica el Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad.

FRAUDE CONSTITUCIONAL

"No sigan por el camino del fraude constitucional (...) Permitan que los grupos modifiquen cosas para mejorar texto", ha afirmado González, que ha pedido al Gobierno que apoye la proposición de ley orgánica que el Grupo Parlamentario Popular presentó este 29 de junio en el Congreso de los Diputados sobre este asunto.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno su "total desprecio" a la comisión de seguimiento del Pacto creada en el Parlamento, y le ha exigido medidas para "enmendar" el "daño sobre la credibilidad" del Pacto de Estado y el "consenso que se había forjado, al tiempo le ha reprochado su "falta de diálogo" con el resto de fuerzas políticas.

En respuesta, la diputada del PSOE Esther Peña ha apuntado que "sería conveniente" que no se haga oposición en este asunto y, además, ha incidido en que las medidas aprobadas el pasado 3 de agosto son ya "fueron consensuadas" en el acuerdo de Estado y "no fueron puestas en marcha por el PP".

Asimismo, ha reivindicado la "urgencia" y "necesidad" de todas las medidas contempladas en el Pacto de Estado, y ha dicho que la aprobación del decreto ley demuestra que "el Gobierno se toma la violencia contra las mujeres como asunto prioritario y urgente". Así pues, ha pedido a la oposición que "no rompan la unidad" existente en torno a este asunto.

Además, ha recalcado que la petición de comparecencia "no tiene sentido" cuando se producirá un debate durante la convalidación del decreto, al tiempo que ha avanzado que Carmen Calvo ha pedido comparecer.

CS APOYA LA COMPARECENCIA Y PODEMOS NO SE OPONE

Durante el debate, Ciudadanos ha avanzado su voto a favor de la petición de comparecencia, si bien ha afeado a los 'populares' que pidan explicaciones cuando el Gobierno de Mariano Rajoy "no movió un dedo" para poner en marcha el Pacto de Estado rubricado por el Parlamento.

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos Lucía Martín ha tachado de "increíble" que el PP pida una comparecencia urgente cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, a su juicio, "ha entorpecido" la lucha contra la violencia de género". Sin embargo, ha asegurado que su grupo parlamentario "no se va a oponer" a que la vicepresidenta del Gobierno acuda a la Cámara baja para dar explicaciones sobre una materia "tan central": "Seremos muy exigentes con el Gobierno", han señalado la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podemos-En Marea.

Por su parte, ERC, el PNV y el PDCat no ven oportuno una comparecencia extraordinaria, teniendo el cuenta que el decreto ley "tiene que ser objeto de convalidación" en el Congreso antes de 30 días desde que se presentó, por lo que se prevé en "la primera quincena de septiembre". Será en esa ocasión cuando el Gobierno deba dar explicaciones al respecto, según han defendido los diputados de esos tres partidos, que han advertido de la "peligrosidad" utilizar la violencia machista como una "herramienta política".