Las asociaciones de jueces se muestran satisfechas con el anuncio de que el Gobierno defenderá a Llarena

Las asociaciones de jueces y fiscales celebran el anuncio realizado por el Gobierno y explicado horas más tarde por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de que se defenderá la soberanía de los tribunales españoles y al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena "hasta las últimas consecuencias" frente a la demanda civil interpuesta en Bélgica contra éste por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Sin embargo, mientras que para la mayoría lo ocurrido ha supuesto una rectificación en toda regla respecto a la actuación inicial del Ejecutivo, para las organizaciones progresistas no ha habido tal.

Para Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y a la que pertenece el instructor de la causa contra el proceso soberanista en el alto tribunal, la rectificación ha sido clara, ya que el Gobierno en su anuncio del pasado jueves diferenciaba de forma expresa entre la defensa de la jurisdicción española y la personal del juez, a quien decía no podía representar por actos privados.

Se refería con ello Justicia a un aspecto de la demanda de Puigdemont que alude a la falta de imparcialidad del juez Llarena por unas manifestaciones que realizó en un acto público en Oviedo el pasado febrero, donde al ser preguntado por la causa que instruye negó que pudiera hablarse de la existencia de "presos políticos".

Esta distinción desapareció en el comunicado oficial remitido este domingo por Moncloa, por lo que fuentes de la APM consultadas estiman que el Gobierno ha rectificado claramente.

Con esta opinión coinciden otras organizaciones como la Asociación de Fiscales o la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), mientras que la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía la ministra Delgado antes de ser elegida para el Ejecutivo, cree que lo ocurrido no es "propiamente" una rectificación.

LO ESENCIAL ES DEFENDER LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA

"Lo sustancial es la defensa de la inmunidad de la jurisdicción española y eso se anunció el pasado día 23", ha señalado ael portavoz de la UPF Emilio Fernández.

"Hay que defender al Estado, y no perderse en el juego de Puigdemont y sus consejeros", ha añadido.

Ignacio González, portavoz de la progresista Juezas y jueces para la Democracia (JpD), recuerda por su parte que desde el principio el Gobierno de Pedro Sánchez mostró "su compromiso en defensa de la soberanía en integridad de la jurisdicción española".

Reconoce no obstante que Justicia hizo en principio una distinción entre lo que era Llarena juez y Llarena ciudadano que ellos creen "innecesaria" visto el contenido de la demanda de Puigdemont que a su juicio la justicia belga debió rechazar de plano.

Delgado negó este lunes en una entrevista a RNE que se haya producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo y añadió que el Gobierno le defenderá "hasta las últimas consecuencias".

"No ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia" sino "un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien" y, por tanto, "no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia". "Lo puedo garantizar", ha zanjado.