El Gobierno garantiza las pensiones para quienes trabajen en otros países europeos

Trabajadores de hostelería (Europa Press)

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto-Ley de urgencia para aprobar la trasposición de tres directivas europeas, entre las que se encuentra una que hace referencia a la protección de los compromisos por pensiones adquiridos por los trabajadores desplazados.

En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez mediante este Real Decreto-Ley se transpone totalmente al ordenamiento jurídico español la directiva europea relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre los Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión.

Además, también se extiende la aplicación a la movilidad nacional, por lo que se reconocerán estos derechos a los trabajadores que cambien de empleo dentro de España.

Concretamente, este Real Decreto modifica la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

El objetivo de esta norma, según el Gobierno, es el de reducir los obstáculos a la movilidad de los trabajadores derivados de ciertos requisitos que las empresas imponen para adquirir derechos en los sistemas complementarios para la jubilación establecidos en las empresas.

Así, se establece que la edad mínima que se exija para acceder a estos derechos no puede superar los 21 años y que el periodo de antigüedad mínimo para consolidar los derechos en la empresa no puede sobrepasar los tres años.

La Directiva prevé el reconocimiento de derechos de pensión adquiridos en favor de los trabajadores que cesen la relación laboral antes de la jubilación a partir del 21 de mayo de 2018, fecha límite de la transposición.

El Gobierno considera que es "urgente" la incorporación de lo establecido en la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico español, porque "la falta de reconocimiento legal de este derecho a partir de la fecha establecida genera una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que compromete los derechos de los trabajadores".

Según ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en España esta directiva trata de asegurar los seguros colectivos que los trabajadores hayan podido tener en sus empresas de origen.

Además, la ministra portavoz ha apuntado que la incorporación al ordenamiento jurídico de estas directivas es "urgente" por el retraso que acumulan y los procesos de infracción abiertos por la Comisión Europea".