Tarjetas black: Rodríguez-Ponga y Rey de Viñas ingresan en prisión

Rodríguez-Ponga durante el juício de las tarjetas black

El ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga y ex dirigente de CCOO Antonio Rey de Viñas han ingresado en las prisiones madrileñas de Soto del Rey y de Navalcarnero, respectivamente, y se han convertido en los primeros condenados en el caso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid en ingresar en la cárcel, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

En el caso de Estanislao Rodríguez-Ponga, ha ingresado a las 18.00 horas en la prisión de Soto del Rey, donde pasará la noche en el módulo de ingresos. Está previsto que este jueves el equipo técnico de la prisión determine el módulo al que le enviarán.

Por su parte, Rey de Viñas se presentó el pasado lunes, día 15, en el Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid, destinado a reclusos en tercer grado, y posteriormente ha sido trasladado al Centro Penitenciario de Navalcarnero.

Rodríguez-Ponga fue condenado a tres años y dos meses de prisión, mientras que en el caso de Rey de Viñas la pena fue de dos años y medio, ambos como colaboradores de un sistema de 'tarjetas black' que nació bajo un acuerdo del consejo de administración en mayo de 1988 y desvirtuó con la llegada de Blesa a la presidencia de Caja Madrid.

En el caso del ex secretario de Hacienda durante el Gobierno de José María Aznar se considera que gastó más de 255.000 euros con esas tarjetas. Por su parte, el ex dirigente de CCOO realizó gastos por valor de 191.500 euros.

El pasado 3 de octubre el Tribunal Supremo confirmó la condena a cuatro años y medio de prisión del expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, y las de 63 exdirectivos y exconsejeros de la entidad financiera, cuyas penas oscilan entre cuatros meses y cuatro años y medio de cárcel, por un delito continuado de apropiación indebida por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas 'black'.

El alto tribunal confirmaba así la resolución dictada por la Audiencia Nacional el 23 de febrero de 2017, que dio por acreditado el gasto de más de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012, así como el uso personal de los plásticos a sabiendas de que era una práctica ilegal y de que causaron un quebranto al patrimonio de la caja extinta.