sábado, 12 de junio de 2021 20:04
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El Congreso plantea esta semana derogar el plazo de seis meses para instruir causas penales

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El Gobierno quiere que el Pleno del Congreso reclame este martes la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) que reformó el PP en 2015 para fijar un plazo estándar de seis meses para la instrucción de las causas penales.


"Una justicia tardía no es justicia, pero de igual manera tener por objetivo primordial una justicia rápida, sin ponderar suficientemente los modos de llegar a ella, puede dar lugar a resultados igualmente injustos", argumentan los socialistas, que recuerdan críticas que suscitó en su momento esta reforma de la LECRIM auspiciada por el PP.


El Ejecutivo comparte la necesidad de fijar plazos máximos a la investigación penal para evitar "dilaciones indebidas" y agilizar la justicia, pero subraya que, "aunque la Justicia ha de ser rápida, también ha de garantizar la tutela penal de todas las víctimas".


PedroSnchezCongresodelosDiputados


Según recalca el Gobierno de Pedro Sánchez, el modelo judicial español "sigue anclado en el juez de instrucción de 1882", que es quien dirige la investigación penal, por lo que resulta "incongruente" que la ampliación de la duración de la instrucción para practicar nuevas diligencias y esclarecer hechos delictivos dependa de quien no es el encargado de esa investigación.


También se decidirá sobre la ley de Jusapol

El Congreso también decide el próximo martes si toma en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por Jusapol, para regular por ley la equiparación salarial entre funcionarios de los distintos cuerpos policiales que operan en España, y concretamente subrir las retribuciones de policías y guardias civiles para igualarse con los cuerpos autonómicos.


Jusapol


Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos ya han avanzado su voto a favor, mientras que el PP y el PSOE han expresado sus dudas, respaldando el acuerdo que en su día firmaron los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles representativos y el Gobierno de Mariano Rajoy, y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respetado.

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