Batet dice que el Gobierno asume como "cuestión de Estado" la digitalización para "el reequilibrio territorial y social"

Erkoreka defiende asegurar que el espacio digital respeta los derechos fundamentales porque ha dejado de ser "un entorno ajeno al derecho"

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha asegurado que el Gobierno central asume como "cuestión de Estado" la digitalización para el reequilibrio territorial y social dentro del marco del reto demográfico "al que se enfrenta España", y ha reclamado "un gran acuerdo político".

Batet ha asistido, junto al consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, a la presentación de la declaración Deusto sobre 'Derechos Humanos en Entornos Digitales' en el Paraninfo de la Universidad de Deusto

La ministra se encuentra en Euskadi para asistir a la Comisión mixta de Transferencias que formalizará esta tarde el traspaso a Euskadi del tramo de la autopista AP-1, entre Armiñón y Burgos, y las líneas de tren Alonsotegi-Barakaldo y Bilbao-Basauri. Tras el acto celebrado en la Universidad, Batet y Erkoreka han mantenido en la propia institución académica, un encuentro previo a la reunión de la Comisión.

Durante su intervención, la ministra ha recordado que, hace 20 años, hablar de derechos humanos en internet parecía "un ejercicio forzado" porque se trataba de tecnologías con "muy limitado acceso" por la población, sin embargo, en la actualidad, gran parte de la vida social, laboral, cultural y económica se desarrolla a través de las tecnologías.

Batet ha indicado que el desafío es que el cambio que conlleva la tecnología se realice "manteniendo la vigencia de los derechos fundamentales".

En este sentido, ha subrayado que han sido demasiados siglos de luchas por los derechos humanos y de "conquistas" como para que "el cambio tecnológico ponga en peligro esas conquistas y avances sociales".

En su intervención, ha destacado que España ha vivido "un salto espectacular en la digitalización de las administraciones públicas" y se encuentra entre los países de la UE que más ha progresado en los últimos años, ocupando el cuarto puesto del total de 28 Estados respecto a los servicios públicos digitales.

Por ello, ha señalado que, en la actualidad, la prioridad es "consolidar estos avances, garantizar la interoperabilidad entre administraciones y, especialmente, ponerlos al servicio de los ciudadanos".

Batet ha afirmado que, para ello, están impulsando el proyecto de la Carpeta ciudadana, para que ciudadanos y empresas con una sola identificación puedan consultar todos sus datos en poder de la administración, así como sus notificaciones y registros. Según ha apuntado, en el plazo de 18 meses será "una realidad" en la Administración General del Estado y, a medio plazo, esperan que se incorpore al conjunto de las administraciones.

También se ha referido a otro proyecto del Gobierno, el de hacer verdaderamente efectivos los derechos de acceso a un registro único y una notificación única. Según ha explicado, está previsto que en los próximos meses se haga el borrador de desarrollo de la Ley 39/2015 que afecta a estos aspectos.

Batet ha destacado que la digitalización se convierte "en un gran instrumento de igualdad y de atención a la diversidad de las necesidades y demandas ciudadanas". Además, ha señalado también que constituye "una gran oportunidad de reequilibrio social y territorial" en el marco del reto demográfico al que se enfrenta España", que desde el Gobierno asume "como una cuestión de Estado"

"Hoy en día en España, el servicio de acceso a internet de banda ancha de 100 Mbps alcanza ya al 76% de los españoles. Puede parecer una cifra considerable, pero, en la práctica, implica que una parte de la población aún tiene que desplazarse para realizar compras, tener acceso a zonas de ocio, o incluso acceder a un cajero automático, y desde luego para ejercer sus derechos ante la administración", ha apuntado.

En este sentido, ha subrayado que "las desigualdades en materia de equidad y acceso a servicios de primera necesidad sigue siendo una asignatura pendiente en algunas partes del territorio español".

UN GRAN ACUERDO POLÍTICO
Tras destacar que es una "exigencia constitucional" favorecer condiciones básicas de igualdad que "permitan el ejercicio pleno de derechos", Batet cree, por ello, que es "imprescindible articular un gran acuerdo político que facilite nuevos marcos de actuación" que protejan la vida de los pueblos y los derechos de sus ciudadanos para garantizarles un "futuro digno".

"Estas políticas públicas de inclusión social a las nuevas tecnologías también buscan resolver el déficit de infraestructura y cobertura móviles en España para fortalecer la productividad y el desarrollo económico del país", ha apuntado.

A su juicio, extender la cobertura de banda ancha digital de 30 megas por segundo "a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, además de cumplir con la Agenda Digital Europea, será un elemento de estabilidad y de motivación".

Batet ha apelado a que las nuevas tecnologías y el entorno digital sean "una herramienta al servicio del conjunto de la ciudadanía" y que no "levanten más brechas" entre la población.

Por último, ha subrayado que declaraciones como la presentada este lunes ponen el énfasis en la importancia de preservar la intimidad, la privacidad y la dignidad del ser humano y ha felicitado a sus impulsores.

JOSU ERKOREKA
Por su parte, el consejero de Gobernanza Pública, Josu Erkoreka, también ha querido felicitar a la Universidad de Deusto por esta "afortunada iniciativa", que se aproxima al mundo digital "desde una concepción integral de los Derechos Humanos".

En su intervención ha destacado que hace ya tiempo que la sociedad empezó a darse cuenta de que, lo que está prohibido en el mundo analógico, también lo está en el digital y "de que lo que es delito en el mundo analógico, también lo es en el digital".

Erkoreka ha subrayado que el digital "ha dejado de ser un entorno ajeno al Derecho". "Eso es un hecho", ha apuntado. Sin embargo, cree que faltaba un "enfoque más ambicioso" que afrontara el problema del "uso indebido" de los datos desde la perspectiva de su afección a los derechos humanos.

Erkoreka ha indicado que no se trata sólo de proteger el derecho a la intimidad de las personas frente al tratamiento de los megadatos que las TICs permiten reunir "de manera ingente y gestionar de manera lesiva" para la dignidad humana, sino que el "desafío es mucho mayor".

RESPETAR DERECHOS
A su juicio, se trata de asegurar que en el espacio digital se respete el catálogo completo de los derechos y libertades fundamentales como el derecho a la dignidad, a la integridad, a la identidad, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a recibir información veraz y hasta el derecho a expresarse con libertad.

En este sentido, ha subrayado que la Declaración Deusto sintetiza todos esos aspectos en "doce puntos claros y distintos". Erkoreka ha aludido a uno de ellos, el derecho de toda persona a que las decisiones y actuaciones que afecten a sus derechos y a su desarrollo personal, no se adopten exclusivamente a partir del tratamientoautomatizado de la información.

El consejero ha hecho hincapié en que la mayoría de las actividades de la administración pública pueden ser gestionadas desde la inteligencia artificial y su desarrollo transformará "radicalmente los procesos de toma de decisiones de las administraciones, sustituyendo progresivamente la acción humana por la automatizada".

"Y ante esta inexorable realidad, será este derecho el que defina los límites de la inteligencia artificial en la gestión de lo público", ha apuntado.

Por último, ha expresado el "firme compromiso" del Gobierno Vasco con la promoción, difusión y observación de esta Declaración, tras subrayar que Euskadi "siempre se ha situado en la vanguardia a la hora de proteger los derechos relacionados con la protección de datos en el mundo digital".