PP y Cs de Madrid tumban la Ley de Podemos para la inclusión de cláusulas sociales y laborales en los contratos públicos

La Asamblea de Madrid ha rechazado este miércoles, con los votos de PP y Ciudadanos, la Ley de Podemos donde sugería la inclusión de cláusulas sociales, medioambientales y laborales en los contratos públicos de la Comunidad.

La normativa, que no ha salido adelante por 65 votos en contra de PP y Ciudadanos y 63 a favor de PSOE y Podemos, planteaba la inclusión de "cláusulas estratégicas de carácter social, medioambiental y laboral" en los contratos del sector público de la Comunidad de Madrid y pretendía que las disposiciones de la ley fueran de aplicación en los contratos de obras, suministros y servicios de las entidades que integran el sector público de la región.

El objetivo, según ha explicado la diputada de Podemos Isabel Serra, es que la contratación pública "deje de ser concebida como una herramienta administrativa" y pase a ser "una herramienta política de transformación" para "avanzar hacia un modelo más justo, sostenible y equitativo".

La normativa trataba de que todos los contratos públicos incluyeran una ponderación de los criterios de adjudicación donde la oferta económica nunca superara el 40 por ciento de la valoración total y sugería dar puntuación a la hora de adjudicar un contrato por emplear a personas con discapacidad, así como en situación o riesgo de exclusión social.

La formación morada apostaba con esta Ley por el "fomento de la economía social y solidaria" o por introducir cláusulas de carácter medioambiental como "la minimización del consumo de recursos naturales como materias primas, combustibles y agua".

De hecho, la proposición consistía en a usar "un lenguaje no sexista y neutro en todos los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas" y a valorar hasta con un 20 por ciento sobre el baremo a las empresas o personas licitadoras que se comprometan a incluir en la prestación del servicio productos de comercio justo.

"ACABAR CON LA OLA DE PRIVATIZACIONES"
Para la diputada de Podemos, la contratación pública no es "una mera cuestión administrativa" ni "técnica", sino que es "una herramienta técnica y política", para acabar con la "ola de privatizaciones de las telecomunicaciones de los transportes" o lo que la Comunidad de Madrid lleva privatizando siempre como "los servicios sociales o Sanidad".

"Esta ley permite ser de legislación autonómica para que lo que ha hecho el PP no se vuelva a repetir y nunca se pueda adjudicar a medida como ha hecho. Los vigilantes de seguridad que están aquí viviendo un drama porque de un día a otro se les diga que van a bajar su salario. Para que eso no pase proponemos esta ley", ha sostenido.

Por su parte, el diputado socialista Pablo García Rojo se ha mostrado a favor de esta normativa por la "injusticia, la serie de lacras y penalidades al servicio público".

"El principal problema de la Comunidad es que no se ha adaptado al dinamismo de la normativa y del sector, por una sumisión a cumplir normativas del Gobierno. Nos parece necesaria una necesidad de reversión y repensar esta situación nos parece pertinente y necesario", ha sostenido.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Alberto Reyero ha señalado que su grupo vota en contra porque les parece que la regulación estatal existente ya es "suficiente" y "no es necesaria una normativa autonómica, cuando la nacional ya "permite cumplir" los puntos que plantea la formación morada y es "redundante". "No hay que hacerlo de forma indiscriminada e intervencionista", ha criticado.

Por último, el diputado del PP Álvaro Moraga ha coincidido con Reyero en que la propuesta de esta normativa se desarrolla en "una mala práctica legislativa" que redunda en la ya existente a nivel estatal, cuando el Gobierno ya ha aprobado un decreto donde se regula la inclusión de claúsulas sociales".