Los 28 pactan normas para restringir el acceso a precursores de explosivos, como las bombas de fabricación casera

Los Veintiocho han pactado, a nivel de embajadores, las nuevas normas europeas para restringir más el acceso a sustancias químicas que pueden utilizarse como precursores de explosivos para fabricar bombas caseras para cometer atentados.

Las nuevas normas, que todavía deben ser acordadas entre los Veintiocho y la Eurocámara, prohibirá la adquisición de precursores "restringidos" para el público general a partir de un nivel de concentración determinado.

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior de la Eurocámara aprobó este martes incluir en la lista de sustancias prohibidas el ácido sulfúrico utilizado para producir el TATP, que fue utilizado en los atentados de París, Manchester y Barcelona.

Las bombas de fabricación casera se han utilizado en el 40% de los atentados terroristas cometidos en la Unión Europea en 2015 y 2016, poniendo de relieve que las normas europeas actualmente en vigor, que datan de 2013, son insuficientes para impedir su uso delictivo.

Otra de las novedades de las nuevas normas supone la obligación que se impone en las empresas de notificar transacciones sospechosas respecto a los precursores "regulados" a las autoridades nacionales en 24 horas con el objetivo de estrechar también el control sobre ellos, incluido en Internet.

Los Gobiernos europeos mantendrán la posibilidad de establecer sistemas de licencias para que el público general adquiera determinados precursores explosivos restringidos y también podrán aplicar las normas para otra sustancias químicas no contempladas en la normativa, algo que controlará no obstante la Comisión.

Las normas buscan impedir que se siga pudiendo comprar sustancias restringidas presentando únicamente el DNI e imponer condiciones más estrictas para autorizar licencias, incluido el control previo de los historiales criminales.

Las nuevas normas también prevén la formación obligatoria de los operadores económicos dedicados a la fabricación o venta de precursores explosivos y de las autoridades de inspección nacionales.

El requisito de registrar las transacciones que contemplan las normas actuales no han logrado disuadir la adquisición y no imponen obligaciones suficientes para la transmisión de información a lo largo de la cadena de suministro.