El Gobierno condena al Congreso de Nicaragua por retirar el reconocimiento jurídico a las ONG

El Gobierno ha condenado la decisión del Congreso de Nicaragua, controlado por los aliados del presidente, Daniel Ortega, de retirar el reconocimiento jurídico a varias ONG "de reconocido prestigio" dedicadas a la defensa y la promoción de los derechos humanos.

"El pleno ejercicio y disfrute de las libertades de asociación, reunión, manifestación y expresión, recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Nicaragua es signataria, es un elemento esencial de la convivencia democrática", ha subrayado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado.

Ante esta situación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha urgido al Gobierno de Daniel Ortega a "facilitar el ejercicio de dichas libertades en el país" y a "encontrar una solución duradera a la crisis política, económica y social" que afecta a Nicaragua "a través de un diálogo nacional inclusivo y comprometido entre las partes en conflicto".

La medida ha sido calificada por organizaciones internacionales como una "venganza" contra las ONG por poner en evidencia "violaciones contra los Derechos Humanos" en los ocho meses de protestas antigubernamentales, que han dejado al menos 322 muertos y más de 500 personas detenidas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). 

Los diputados oficialistas acusan a las ONG de recibir dinero para financiar un supuesto golpe de Estado que busca desbancar a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La crisis estalló en abril cuando miles de personas tomaron las calles de Managua y otras ciudades por una polémica reforma de la seguridad social. Las manifestaciones crecieron rápidamente en número y en demandas hasta reclamar la "democratización" de Nicaragua.

Ortega intentó apaciguar los ánimos revocando la medida y lanzando un diálogo nacional que no dio resultados, precisamente, por la negativa del líder sandinista a convocar elecciones anticipadas. Las próximas presidenciales están previstas para 2020.