Borrell no dimitirá por Abengoa: "Ya dimití una vez"

PDeCAT y ERC evitan pedir su cese mientras el PP amaga con una comisión de investigación para indagar si hubo delito

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha afirmado este miércoles que no dimitirá por la venta de acciones de Abengoa que le ha valido una sanción de la CNMV, que detectó uso de información privilegiada. "Yo ya dimití una vez, hace 20 años, y probablemente la historia de España habría sido distinta si no lo hubiera hecho, la mía personal por supuesto, pero seguramente la historia de España también", ha dicho a los diputados de la Comisión de Exteriores del Congreso.

"Como me he pasado 20 años escuchando decir que tengo mandíbula de cristal, que no resisto el menor envite y que a la primera de cambio dimito, esta vez no lo voy a hacer", ha añadido. Borrell se refería a su dimisión como candidato del PSOE a la Moncloa en 1999, después de que dos antiguos colaboradores suyos, de su etapa como secretario de Estado de Hacienda, fueran acusados de fraude fiscal.

El hoy ministro ha dicho que dimitió por responsabilidad política por unos hechos "en los que nadie ha podido demostrar" que él tuviera "nada que ver", de manera que ahora no dimitirá por una operación de 9.000 euros, "una cantidad absolutamente menor" en la que, además, considera que tiene argumentos para defenderse.

Borrell se ha expresado así a pesar de que, durante la comparecencia, solo el PP ha pedido expresamente su dimisión. Unidos Podemos solo ha hablado de "asumir responsabilidades" y tampoco la han pedido ni el portavoz del PDeCAT, Jordi Xuclà ni el de ERC, Joan Tardà.

El caso de Xuclà ha sido especialmente llamativo porque el PDeCAT había pedido la comparecencia de Borrell en la Comisión de Exteriores del Congreso para que informase "sobre su dimisión, a causa de la incompatibilidad ética entre el ejercicio del cargo de ministro y haber utilizado información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa". Además, este partido, que ya trató de reprobar a Borrell en el Senado por este asunto, tiene registrada en el Congreso una proposición no de ley para hacer lo mismo en el Congreso. Xuclà se ha limitado a decir a Borrell que si defiende su inocencia no renuncie a recurrir.

Joan Tardà ni siquiera ha mencionado el tema y ha dedicado todo su tiempo a hablar de Marruecos y el Rif. El republicano no ha mencionado tampoco ningún asunto relacionado con Cataluña -algo que es frecuente en las comparecencias de Borrell-- y, por si quedaba alguna duda de sus intenciones, le ha aclarado al ministro que los rifeños "no quieren independizarse de Marruecos", sino autonomía y que se les reconozca su lengua. Tampoco Xuclà ha hablado sobre Cataluña.

Todo ello en un contexto en el que PDeCAT y ERC han abierto la puerta a apoyar este jueves en el Pleno del Congreso la senda de déficit propuesta por el Gobierno y en vísperas de la reunión prevista entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Desde el PP, José Ramón García-Hernández ha constatado que el PP se estaba quedando solo en la función de "control al Gobierno" y ha opinado que el asunto podría ser delito conforme al artículo 286 bis del Código Penal -que habla de ofrecer o aceptar privilegios como contraprestación para favorecer a otra persona--. Por eso, ha anunciado que el PP "estudiará" la creación de una comisión de investigación para determinar si el ministro cometió un delito.

Sin embargo, Borrell ha alegado que la investigación más exhaustiva posible ya la ha hecho la CNMV y ha recalcado que si el órgano regulador hubiese visto algo más que una falta administrativa o, directamente, "derivaciones penales", lo habría dicho.

Borrell ha optado por sumar esta comparecencia a la presentación del Plan África y a una explicación del Pacto de la ONU sobre Migraciones, y cuando le ha llegado el momento de hablar de Abengoa ha reiterado el argumento que ya dio en otras ocasiones: que si hubiera tenido información privilegiada no habría perdido la práctica totalidad de su inversión en la empresa.

El ministro ha puntualizado que la sanción que le ha impuesto la CNMV, por una venta de 9.030 euros, se refiere a una operación sobre apenas un 7 por ciento de la cartera que gestionaba, mientras que no tocó el 93 por ciento restante. Borrell ha descrito la operación como "una reducción marginal del riesgo en un momento de completa incertidumbre".

También ha desvelado que, al inicio del procedimiento, tuvo ocasión de rebajar un 40 por ciento la multa si aceptaba la decisión de la CNMV, pero que lo rechazó para defender su inocencia.

Con todo, también ha reiterado que, pese a que discrepa de la decisión del órgano regulador, ha decidido no recurrir ante los tribunales porque eso le obligaría a poner un recurso de alzada previo ante el Ministerio de Economía y, ahora que es ministro, eso crearía "una situación anómala".

XUCLÀ LE ANIMA A DEFENDER SU "HONORABILIDAD"

Sin embargo, la mayor parte de portavoces de la oposición le ha reprochado que haya decidido no recurrir, entre ellos el propio Xuclà. A su juicio, el ministro se equivoca no defendiendo su "honorabilidad" por todas las vías posibles, porque la ministra de Economía no tomaría una decisión "de compadreo", sino que los servicios administrativos actuarían con criterios profesionales.

"Si está a tiempo de presentar este recurso y lo quiere hacer, hágalo, porque si no podría llegarse a la conclusión de que la condición de miembro de un Consejo de Ministros es el pretexto perfecto para poner el intermitente, pagar 30.000 euros y dejar en suspenso el fondo de la cuestión", ha dicho.

Carlos Salvador, de UPN, y Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, han ido más allá, avisando al ministro de que, no recurriendo, transmite el mensaje de que no confía en el sistema para defender su inocencia. Para el portavoz del PP, esto es, incluso, "gasolina para los indepes".

Borrell ha reconocido que su decisión de no recurrir abre la puerta a todo tipo de lecturas, pero se ha mantenido en que no quería provocar la situación "atípica" de recurrir ante su propio Gobierno. Para el PP, en cambio, el motivo de no haber recurrido es que más del 90 por ciento de las sanciones que pone la CNMV son avaladas por los tribunales.