​Bruselas abre expediente a España por incumplir las normas europeas de seguridad ferroviaria

La plataforma pide que el ministro de Fomento les reciba porque "es necesaria una nueva investigación" del accidente

Víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013, cuando murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, han exigido que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, les reciba después del expediente abierto por Bruselas a España por incumplir las normas europeas en materia de seguridad ferroviaria.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma que aglutina a la mayor parte de los afectados por el siniestro y sus familiares, Jesús Domínguez, ha subrayado que "es necesaria una nueva investigación" de carácter técnica, después de la elaborada por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF).

Además, ha destacado que este expediente deja "más clara" la "responsabilidad política" que a su juicio tienen los antecesores de Ábalos al frente de Fomento, el socialista José Blanco y la popular Ana Pastor, por la obligación que tenían "in vigilando".

Por eso, ahora, y ya que el actual ministro "lleva sin responder" a la asociación "desde octubre", le reclaman que les reciba, al entender que "es necesaria una nueva investigación" sobre la tragedia de Angrois.

Bruselas ha detectado que "los procesos de seguridad" en España "no cumplen los requisitos de la legislación de la Unión Europea sobre seguridad ferroviaria", y alude en concreto a la Directiva 2004/49/CE, de seguridad ferroviaria, que "contempla los requisitos de seguridad del sistema ferroviario en su conjunto".

INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN

Respecto a España, la Comisión considera que "se han detectado deficiencias en la forma en que el organismo nacional de investigación analiza e investiga los accidentes e incidentes, así como en las técnicas de supervisión por parte de la autoridad nacional responsable de la seguridad".

Dicho organismo es la CIAF, de carácter independiente pero inscrita en el ministerio. Esta comisión elaboró un informe en el que dictaminó como único responsable al maquinista del Alvia, algo que ha sido criticado por diversos técnicos que comparecieron en el Congreso en la comisión de investigación sobre la tragedia.

Por su parte, Domínguez ha interpretado que el expediente demuestra que "no se ha cumplido la normativa, ni en investigación ni en puesta en servicio" de las líneas.

"Hacemos más por la seguridad ferroviaria la plataforma de víctimas, con nuestra lucha, que algunos responsables políticos", ha llamado la atención, antes de reiterar su demanda para que Ábalos "dé la cara".

La apertura del expediente tiene la forma de una carta de emplazamiento --primer paso en el procedimiento de infracción--, que Bruselas ha remitido al Gobierno para que en el plazo de dos meses aclare la situación y ofrezca datos claros de las medidas correctivas que haya puesto en marcha.

Si los servicios comunitarios no dieran por buenas las explicaciones de España, podrían pasar a la segunda fase del expediente, un dictamen motivado que da otros dos meses al Estado miembro para corregir el problema, periodo tras el cual la Comisión podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

Esta decisión ha sido especialmente celebrada por la asociación de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en 2013 y por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, quien en declaraciones a la prensa desde Bruselas ha dicho que es una noticia "muy esperanzadora" para las víctimas.

Miranda, que denunció en julio de 2017 el incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de seguridad ferroviaria, ha vinculado directamente la decisión del Ejecutivo comunitario con irregularidades en el momento del accidente.

"Se analiza la situación actual sobre el estado de la legislación comunitaria, pero esto quiere decir que tampoco en el accidente del Alvia se cumplía, en 2013", ha opinado la eurodiputada.

Desde el Ejecutivo comunitario, sin embargo, defienden que se trata de dos asuntos que no están vinculados, a pesar de que Bruselas esté "plenamente" al tanto de lo ocurrido en Angrois y ha tomado medidas para asegurar una investigación independiente sobre lo ocurrido.

"Déjenme dejar claro que este es un ejercicio que hacemos porque la seguridad ferroviaria es una de nuestras prioridades y trabajamos constante trabajando con las autoridades nacionales y con la agencia europea para garantizar los más altos estándares", ha sostenido el portavoz de la Comisión Europea de Transportes, Enrico Brivio.

Brivio ha querido así desvincular el dossier del accidente en Angrois, del que ha dicho que Bruselas está perfectamente informado, pero que son "dos ejercicios diferentes" de análisis y que sobre el accidente son las autoridades nacionales las encargadas de investigar.

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También ha indicado que el expediente es el resultado de una evaluación a la que la Comisión Europea ha sometido no solo el sistema español, sino también el de "otros Estados miembros", que no ha precisado.

La carta que la Comisión Europea ha remitido al Gobierno pidiendo explicaciones por las deficiencias detectadas en los protocolos de investigación y las técnicas de supervisión no se ha hecho pública.

"Se trata de una evaluación de la situación actual y de algunas deficiencias específicas", ha repetido el portavoz comunitario, quien ha insistido en que el procedimiento que abre Bruselas tiene que ver más con "procedimientos administrativos" y "no está vinculado específicamente a ningún accidente concreto".

AUDITORÍA A LA AGENCIA, ADIF Y CETREN

Las víctimas del accidente que dejó 80 muertos y 140 heridos se han dirigido en reiteradas ocasiones a las instituciones europeas en busca de amparo, aunque la Comisión Europea se ha mostrado siempre prudente y remitido a las autoridades nacionales como responsables de investigar lo sucedido.

Con todo, el Ejecutivo comunitario afirmó que tomaría medidas para garantizar que se llevara a cabo una investigación "independiente" y pidió a la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés) que examinase el cumplimiento en España de la legislación ferroviaria de la Unión Europea.

d para recabar información. Visitaron la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Adif y el organismo notificado (Notified Body) Cetren.

Entre otras cuestiones, estudiaron cómo Cetren realiza su cometido de verificar la interoperabilidad, conforme a normativa europea, de varias líneas, incluida la de Ourense-Santiago, donde se produjo el siniestro que en julio de 2013 se saldó con 80 muertos y 144 heridos.

Esta línea, pese a ser inaugurada en 2011, carecía del certificado europeo de interoperabilidad. El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) no lo encargó hasta septiembre de 2016 y actualmente todavía no dispone de él.

En lo que respecta a la investigación de accidentes, Bruselas ya abrió un anterior expediente a España por entender que la CIAF no funcionaba de manera independiente, tras lo cual el Ejecutivo español modificó la norma en que se nombra a sus responsables.