Un juzgado de Madrid suspende la exhumación de Franco por falta de seguridad

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid ha dictado un auto por el que suspende cautelarmente el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que autorizaba a exhumar los restos del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos, porque entiende que no siendo urgente adoptar esta medida, no se han elaborado los informes preceptivos necesarios para garantizar que la obra se realiza con seguridad para los operarios.

En un auto  contra el que no cabe recurso, el juez se apoya en el informe pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto, según el cual "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco".

"Es evidente, claro y palmario que una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación, y que probablemente no serán pocos", expone el auto.

Para el juez José Yusty Basterreche, "no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse" de que levantar una losa de piedra de mármol de 2.000 kilos de peso "es de por sí es algo complicado".

Es, conforme detalla, algo "difícil de manejar, y por tanto peligroso por el riesgo evidente de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas, sin duda un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra".

EL GOBIERNO RESPONDE QUE LA EXHUMACIÓN SIGUE ADELANTE

El Gobierno ha subrayado este martes, tras conocer el auto, que el expediente para el desenterramiento del dictador sigue su curso. Ese expediente, impulsado por el Consejo de Ministros, "continúa su tramitación con absoluta normalidad" dado que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid no es competente para resolver sobre acuerdos del Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo.

Ahora, precisan desde La Moncloa, el Ayuntamiento dispone de tres días para presentar alegaciones a las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante, Leonardo Falcó Rodríguez y el procurador Javier Campal Crespo, a quien el Gobierno identifica en el entorno de la familia Franco.