martes, 26 de mayo de 2026 10:16

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La Junta Electoral Central pide al Gobierno que presente alegaciones a la petición del PP de suspender ruedas de prensa

La Secretaría de Estado de Comunicación defiende que éste es el canal oficial de comunicación del Gobierno también en períodos preelectorales
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Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se decidió la convoc

La Secretaría de Estado de Comunicación defiende que éste es el canal oficial de comunicación del Gobierno también en períodos preelectorales

La Junta Electoral Central (JEC) ha pedido a la Secretaría de Estado de Comunicación que presente las alegaciones que estime oportunas ante la petición del PP de "suspender" las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros si incluyen medidas "electoralistas" de aquí a la celebración de los comicios generales del 28 de abril, ha informado el Gobierno.

El plazo que le da la JEC al Ejecutivo expira este jueves a las 13 horas, según han precisado fuentes de Moncloa, que consideran que el Gobierno "ha actuado en todo momento de acuerdo con la ley y está convencido de que así lo determinará la Junta Electoral Central".

La Secretaría de Estado de Comunicación ha avanzado que, como cualquier otro departamento del Gobierno y de la Administración General del Estado, atenderá los requerimientos de las juntas electorales en los plazos establecidos y con los argumentos que reflejen el correcto proceder del Gobierno en cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

"Las ruedas de prensa que se celebran tras los Consejos de Ministros son, desde el comienzo de la democracia, el canal oficial de comunicación del Gobierno con la opinión pública, a través del cual se transmiten y explican cada semana, también en periodos preelectorales, las medidas adoptadas por éste en el desempeño de su labor constitucional", argumentan desde La Moncloa.

En su solicitud a la JEC, el PP también reclama que se "aperciba" al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la posibilidad de ser sancionado en caso de incumplimiento, con una multa que puede llegar a los 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios.

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