Gobierno Vasco dice que transferir las prisiones a Euskadi supone "ni más ni menos que cumplir" la Constitución

El resto de grupos reprochan a EH Bildu en el Parlamento que centre sus propuestas penitenciarias en los presos de ETA

La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha afirmado que transferir a Euskadi la competencia sobre la gestión de las prisiones supone "ni más ni menos que cumplir" con el Estatuto de Autonomía de Gernika, que atribuye a la comunidad autónoma la "competencia exclusiva" sobre esta materia, y con la Constitución española, que avala dicha transferencia.

San José ha intervenido en el pleno monográfico que celebra este miércoles el Parlamento Vasco, a propuesta de EH Bildu, sobre el modelo penitenciario vigente en Euskadi.

En el transcurso del debate, que continuará por la tarde, el resto de las formaciones han reprochado a la coalición soberanista que centre sus propuestas en la situación de los presos de ETA, en lugar de hacerlas extensivas al conjunto de los reclusos, unas críticas que han sido rechazadas por EH Bildu.

La parlamentaria de la coalición soberanista Jone Goirizelaia ha reclamado que todos los presos vascos que se encuentran en prisiones alejadas de la comunidad autónoma sean trasladados a cárceles ubicadas en Euskadi. Además, ha planteado la necesidad de un modelo penitenciario vasco que contribuya a acabar con las "torturas y vejaciones" sufridas por los reclusos.

"DAÑO INJUSTO"
El parlamentario del PNV Joseba Zorrilla ha costatado que la coalición soberanista "se fija especialmente" en los presos de ETA, mientras que su grupo apuesta por propiciar la reinserción de todos los reclusos. Asimismo, ha lamentado la falta de "autocrítica" de la izquierda abertzale respecto al terrorismo, y ha anunciado que el PNV planteará una propuesta en favor de que los reclusos muestren su arrepentimiento y reconozcan "el daño injusto" causado.

Por su parte, el representante de Elkarrekin Podemos Juan Luis Uria ha subrayado que el debate sobre el modelo penitenciario no se debe limitar a la situación en la que se encuentran los presos de ETA, y ha defendido el derecho de todos los reclusos a la reinserción, así como a recibir la mejor sanidad y educación posibles.

La representante del PSE-EE Alexia Castelo también ha reprochado a EH Bildu que pretenda generar "confusión" entre la competencia estatutaria sobre la gestión de las prisiones y la política penitenciaria, que es una competencia del Estado. En todo caso, ha mostrado su confianza en que la asunción de las competencias que corresponden al Gobierno contribuya a avanzar en el objetivo constitucional de la "resocialización" de los presos.

La parlamentaria del PP Nerea Llanos ha acusado a la coalición soberanista de defender el derecho de los presos de ETA a la "reinserción" cuando, según ha denunciado, "siguen sin pedir perdón ni colaborar con la Justicia". Además, ha atribuido las críticas de EH Bildu al modelo penitenciario a un intento de "poner en entredicho la calidad democrática" del Estado.

MÁS DE 1.314 PRESOS EN EUSKADI
La consejera, que ha intervenido en el pleno tras la primera ronda de intervenciones de los grupos, ha informado de que en los centros penitenciarios del País Vasco hay 1.314 personas que cumplen condena o que se encuentran en prisión preventiva, de las que 1.191 son hombres y 123, mujeres.

San José ha recordado que en el acuerdo alcanzado por los gobiernos central y vasco para avanzar en el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979, se incluye el compromiso de transferir a Euskadi la gestión de las prisiones ubicadas en la comunidad autónoma.

El artículo 10.14 del Estatuto de Gernika establece que Euskadi tiene "competencia exclusiva" sobre "la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria". A su vez, el artículo 12.1 del Estatuto indica que corresponde a Euskadi "la ejecución de la legislación del Estado en materias de Legislación penitenciaria".

De esa forma, la consejera ha subrayado que el acuerdo alcanzado por los ejecutivos español y vasco supone "ni más ni menos que cumplir con lo dispuesto en el Estatuto y en la Constitución", la cual, en su disposición transitoria segunda, avala la transferencia a Euskadi de "las competencias que le corresponden en virtud" de su Estatuto.

"NI CONCESIÓN NI PREBENDA"
San José ha subrayado, por ese motivo, que el pacto sobre transferencias alcanzado por ambas administraciones -que aún no se ha plasmado en ningún nuevo traspaso- "no es una concesión o prebenda", dado que "está plenamente inmerso en nuestro marco legislativo".

La consejera ha recordado que la gestión de las prisiones ya fue asumida en su día por el Gobierno de Cataluña. "Se trata de transferir materias que ya lo fueron a Cataluña: las funciones de dirección, organización e inspección sobre las instituciones penitenciarias, así como la actividad penitenciaria de las radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco", ha defendido.

No obstante, ha precisado que la política penitenciaria "no es objeto de transferencia", puesto que esta es una materia cuya "competencia exclusiva" reside en la Administración central.

San José también se ha referido al modelo penitenciario que se aplicaría en Euskadi una vez asumidas las competencias sobre la gestión de las prisiones. El objetivo de dicho modelo -ha afirmado- será "avanzar en la línea que marca la Constitución y la legalidad vigente", de forma que se pueda "reforzar el carácter resocializador de la prisión".

"ASUMIR LA RESPONSABILIDAD Y EL DAÑO"
En todo caso, el modelo penitenciario que se aplicaría en Euskadi tras la asunción de la competencia sobre prisiones estará orientado a que todas las personas penadas "asuman su responsabilidad y el daño causado". Además, se basará en principios como la "dignidad" del preso, de sus familiares y de las víctimas de sus delitos, la reducción del uso de la prisión, la resocialización del recluso o la incorporación de la perspectiva de género.

También ha planteado la importancia de incorporar al modelo penitenciario la perspectiva "restaurativa", a través de cauces de encuentro y participación entre "víctimas y victimarios".

Entre otras metas, la consejera se ha fijado como objetivo conseguir que la tasa de personas encarceladas se sitúe por debajo de 40 reclusos por cada 100.000 habitantes, así como que el 40% de los presos se encuentren en régimen abierto o de semilibertad y que la reincidencia entre las personas penadas sea menor al 30%.