​ONG denuncia ejecuciones sumarias, detenciones y muertes por agentes del gobierno venezolano

Ejecuciones, detenciones y muertes por uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del gobierno venezolano podrían constituir crímenes de lesa humanidad, advierte un informe publicado sobre la violencia que causó 47 muertes en enero.

Según un documento de la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI), titulado "Hambruna por la justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela", una misión de investigación visitó el país sudamericano en febrero para evaluar la violencia que se produjo en el país en enero.

Debido a las características de los atentados de enero, así como a la existencia de patrones similares en 2014 y 2017, la AI considera que los crímenes de lesa humanidad pueden haberse cometido en Venezuela, un extremo que debe ser determinado por un órgano judicial independiente e imparcial.

Según el informe de la AI, toda esta violencia, combinada con la grave situación económica y social del país, ya ha llevado a más de 3,4 millones de venezolanos a abandonar el país desde 2015.

En esta reciente misión a Venezuela, los expertos de Amnistía Internacional se reunieron con decenas de víctimas de crímenes de derecho internacional, que sufrieron graves violaciones de los derechos humanos, especialmente en enero, período en el que se produjeron importantes manifestaciones contra el gobierno en todo el país.

Del 21 al 25 de enero, en 12 de los 23 estados del país, al menos 47 personas murieron en las protestas, todas ellas con armas de fuego.

Al menos 33 de estas personas fueron asesinadas por agentes de las fuerzas del Estado y seis por terceros que actuaron con el consentimiento de las autoridades durante las manifestaciones.

Once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, de las cuales la AI documentó en profundidad seis casos, incluidos en el informe.

El líder de la Asamblea Nacional (AN), el opositor Juan Guaidó, se proclamó presidente de Venezuela el 23 de enero y recibió el apoyo de unos 50 países extranjeros, entre ellos Portugal.

Del 21 al 25 de enero, más de 900 personas fueron detenidas arbitrariamente en prácticamente todos los estados del país.

De estas detenciones arbitrarias, que incluyeron a niños, niñas y adolescentes, se estima que aproximadamente 770 tuvieron lugar en un solo día, el 23 de enero, fecha en que se convocaron las manifestaciones en toda Venezuela.

Desde 2014, AI ha venido documentando las normas y políticas represivas del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo el "uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y el trato cruel, inhumano y tortuoso" para contrarrestar la protesta social.

La AI identificó y denunció los patrones de detenciones arbitrarias por motivos políticos mediante el análisis de 22 casos emblemáticos e identificó al menos a seis presos de conciencia.

La AI también denunció más de ocho mil ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad entre 2015 y 2017, de las cuales ocho casos fueron documentados en profundidad, señalando que patrones similares de ataques fueron dirigidos contra jóvenes y hombres pobres.

Toda esta documentación permitió a la AI identificar el carácter sistemático y generalizado de los hechos ocurridos en enero de 2019 contra la población civil.

Según la organización, los delitos de derecho internacional y las violaciones de los derechos humanos cometidos en enero se cometieron de manera sistemática en la mayor parte del país, con un alto nivel de coordinación entre las fuerzas de seguridad a nivel nacional y estatal.

Autoridades del más alto nivel, incluido Nicolás Maduro, conocían estos hechos públicos y no tomaron las medidas necesarias para prevenirlos o investigarlos, acusa la AI.

Por lo tanto, la organización no gubernamental consideró que el encubrimiento de estos y otros acontecimientos posteriores forma parte de la política de represión.

La AI recomendó la creación de una comisión de investigación dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próxima sesión en junio y julio.

También recomendó la activación de la jurisdicción universal por parte de los países realmente preocupados por la situación en Venezuela, así como la consideración y estudio de estos hechos por parte del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que ha mantenido un examen preliminar del país sudamericano desde principios de 2018.