Bruselas rechaza la Iniciativa Ciudadana de Puigdemont para actuar contra España por el procés

La Comisión Europea ha rechazado registrar una Iniciativa Ciudadana Europea abanderada por el expresidente catalán Carles Puigdemont con la pretensión de que Bruselas tomara medidas contra España por presuntas vulneraciones del Estado de Derecho en relación con el conflicto independentista.

La iniciativa de Puigdemont pretendía hacer que la Comisión Europea tomara medidas contra España a la luz del artículo 7 del Tratado de la UE, que puede llevar a sanciones como suspender el derecho de voto del país en el Consejo si se confirma una infracción sistémica para el Estado de Derecho, aunque es sumamente difícil porque se necesita la unanimidad de los estados miembro. El procedimiento sólo se ha explorado sin éxito hasta ahora para Polonia y Hungría.

"Está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión proponer un acto jurídico para la aplicación de los Tratados de la UE, y, por consiguiente, la considera inadmisible", ha informado la Comisión en un comunicado tras subrayar que no se le pide "presentar una propuesta de acto jurídico, que es el único objetivo de las iniciativas ciudadanas europeas".

La iniciativa solicitaba a la Comisión Europea que evalúe la situación en España y adopte posibles medidas en el marco de los instrumentos de la Unión para reforzar la calidad democrática y prevenir la aparición de una amenaza sistémica para el Estado de Derecho.

La petición denuncia supuestas vulneraciones de derechos fundamentales en Cataluña por parte del Gobierno español, incluida la violación de la "dignidad humana, la libertad, la democracia, el respeto igualitario de los Derechos Humanos y de las minorías". Entre los ejemplos expuestos para sostener la acusación figuraba la decisión de la Junta Electoral Central de impedir que ni Puigdemont -como cabeza de lista de JxCAT- ni los consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí pudieran concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo.

La Comisión Europea ha venido defendiendo de forma reiterada en los últimos años que España es una democracia "plena" y la necesidad de respetar el marco constitucional español para resolver el conflicto catalán, la última vez en abril.

El vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable de Estado de Derecho, el socialista holandés Frans Timmermans, defendió en abril en un debate en el Comité de Regiones de la UE que España es una democracia "plena" y que no se puede "simplemente violar la Constitución" si no te gusta, sino que hay que pelear "políticamente" por cambiarla en este caso después de que el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, denunciara la "dura respuesta policial" durante el 1-O.