lunes, 19 de agosto de 2019 14:00
Politica

CC exige el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo en Santa Cruz de Tenerife

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Juan José Martínez, portavoz de CC en Santa Cruz de Tenerife

El grupo municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentará una moción en el próximo Pleno de para demandar la ratificación, en todos sus extremos, del Pacto Antitransfuguismo y el cumplimiento de la normativa vigente.

El portavoz nacionalista, Juan José Martínez, recordó que sobre los dos concejales de Ciudadanos que forman parte del nuevo grupo de gobierno --Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano-- pesa un expediente de expulsión que, una vez formalizado, les convertiría en "tránsfugas" y, por tanto, en concejales no adscritos, "lo que les impediría, entre otras cosas, ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva o parcial".

Martínez recordó que esa expulsión está pendiente solo de un "mero formalismo" interno de Ciudadanos y que, ante este escenario, CC pide "la aplicación de la ley vigente y del pacto antitransfugismo en Santa Cruz".

El portavoz conminó a la alcaldesa, Patricia Hernández, a no apoyarse en tránsfugas para gobernar, tal y como determina el pacto, "puesto que tiene otras opciones si quiere seguir haciéndolo".

Martínez consideró "inexcusable" la toma de posición del Pleno del Ayuntamiento "sobre un asunto que entronca directamente con la calidad de la democracia, con el cumplimiento de la normativa vigente y con la demandas ciudadanas de transparencia y buen gobierno".

En concreto, la propuesta aboga por "hacer cumplir en el ámbito concreto de la corporación local de Santa Cruz de Tenerife los preceptos" del acuerdo e instar a la "Secretaría General del Pleno y a todos los servicios, organismos y sociedades municipales a la realización de las gestiones precisas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, den cumplimiento a los citados preceptos y a la normativa general y autonómica cuando hubiere lugar".

La moción recuerda que "la solidez de una democracia viene determinada por el exquisito respeto al ordenamiento jurídico, pero de igual modo es exigible la ejemplaridad en la conducta de quienes desempeñan cargos de representación pública".

"Una ejemplaridad", continúa el texto, "que ha de tener su mayor expresión en el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y en el deber de lealtad política conectado directamente con aquélla".

El Pacto Antitransfuguismo se firmó hace 21 años con la participación del PSOE, PP, IU, Convergència Democrática, Unió Democrática, Esquerra Republicana, Iniciativa Per Catalunya, PNV, Eusko Alkartasuna, BNG, Coalición Canaria, Unión Valenciana, Xunta Aragonesista, Partido Aragonés, Partido Andalucista y Unión del Pueblo Navarro.

LOS NO ADSCRITOS NO PUEDEN GOBERNAR
El documento fue renovado el 26 de septiembre del año 2000 y ratificado de nuevo el 23 de mayo de 2006, por lo que "goza de plena vigencia", resaltan desde CC.

El pacto señala en uno de sus puntos que "los partidos políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas".

Además, CC apunta que la Ley de Municipios de Canarias regula en su artículo 28 la figura de los concejales no adscritos y establece, en el apartado 4.c que "no podrán ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la corporación".

La propuesta nacionalista señala que tanto la firma del acuerdo original y las sucesivas ratificaciones, así como la promulgación de leyes al respecto, revelan la "preocupación" de los partidos políticos del Estado por el asunto, en sintonía con una "creciente percepción y decepción ciudadana por el deterioro de la actividad política y el aumento de la desconfianza hacia los políticos y las instituciones".

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