viernes, 6 de diciembre de 2019 07:33
Sociedad

La Comisión Europea denuncia a España por la contaminación en Madrid, Barcelona y su área metropolitana

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Finalmente la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la mala calidad del aire ya que Madrid, Barcelona y su área metropolitana incumple los límites de dióxido de nitrógeno (NO2).


CONTAMINACION


La decisión de este jueves 25 de julio forman parte de la acción reforzada de la Comisión para comprometerse con los Estados miembros para proteger la salud de los ciudadanos de la mala calidad del aire tal como estableció la Comisión en su comunicación "Una Europa que protege : aire limpio para todos "de mayo de 2018.


Los nuevos datos sobre la calidad del aire facilitadas por España confirman el incumplimiento sistemático de las normas de la UE con respecto a los valores de dióxido de nitrógeno (NO2), que desde 2010 son vinculantes legalmente.


La Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal por la calidad del aire en las zonas urbanas del Madrid, Barcelona y del Vallès-Baix Llobregat, donde se han superado de manera persistente los límites de NO2. Según la Agencia Europa de Medio Ambiente el NO2 provoca casi 9.000 muertes prematuras en España cada año.


Los índices de contaminación de Madrid, Barcelona y su área metropolitana los últimos meses ha sido la gota que ha colmado el vaso.


Bruselas envió una carta al Ministerio de Transición Energética a principios de julio de 2019 en el que se le apremiaba a tomar medidas contra los altos índices de contaminación atmosférica que se registraban en Barcelona y su área metropolitana y que ya aparecían en un informe de 2015. 


Los municipios que superan los niveles de contaminación  son Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramanet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, El Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat, Sant Joan Despí y Viladecans.


En la carta de principios de julio, la Comisión Europea apremiaba a España a tomar las medidas necesarias para rebajar los índices de contaminación que incumplían la normativa fijada por Europa. Ahora, esta advertencia se ha convertido en denuncia. 


Bruselas ha anunciado que este jueves 25 de julio tiene pensado presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la infracción a la directiva de la calidad del aire en El Prat, Barcelona y Madrid.


“LÓGICO CASTIGO”, SEGÚN ECOLOGISTAS


Por su parte, desde Ecologistas en Acción ven “lógico” el castigo de Bruselas por la contaminación, ya que “España incumple desde 2010 la normativa europea de calidad del aire en materia de dióxido de nitrógeno (NO2)”.


“La contaminación por dióxido de nitrógeno en Barcelona no solo tiene efectos en la salud de sus habitantes –apuntan-. Ayer mismo, martes 23 de julio, la Plana de Vic superó desde las 16:00 horas el umbral de alerta por ozono, alcanzando nada menos que 243 microgramos de este contaminante por metro cúbico de aire, además de otras nueve superaciones del umbral de información. Y todo ello sin actuación alguna de la Generalitat de Catalunya para reducir con la necesaria antelación el tráfico metropolitano de Barcelona, responsable del problema”.


En cuanto al caso de Barcelona, las superillas que se han implementado en cuatro años son, a juicio de Ecologistas en Acción, “microactuaciones de recuperación del espacio público con escasa incidencia en la reducción de emisiones. Se trata de cinco intervenciones aisladas y que distan mucho del plan original que planteaba actuar sobre toda la malla viaria de la ciudad para conseguir un 13 % de reducción de vehículos, con la implementación de 500 superillas”.


Según Ecologistas, Barcelona también planteó a finales de 2017 una Zona de Bajas Emisiones en episodios de contaminación que no se ha llegado a activar nunca. A partir del 2020 será permanente y limitará la circulación a los vehículos sin etiqueta de la DGT. Pero esta medida no resultará muy eficaz tal y como está planteada, pues tendrá incidencia sobre un porcentaje muy reducido de vehículos que además estarían discriminados en función de su antigüedad y no de sus emisiones reales (mucho mayores que las legales, por el fraude de los diésel). Colectivos y activistas ecologistas reclaman desde hace años una tasa anticontaminación (peaje urbano) con excepciones a los turismos con tres o más ocupantes y los de personas con movilidad reducida. Una medida que la alcaldesa Ada Colau ha afirmado que el Ayuntamiento está estudiando. Ecologistas en Acción considera que no hay excusas para retrasarla.


A juicio de Ecologistas en Acción, “la salud de la población debe ser algo prioritario. Si se confirma la reactivación del procedimiento de infracción solo queda trabajar políticamente para mantener, ampliar y mejorar las medidas que han funcionado, y adoptar muchas otras más ambiciosas que no se han tomado. La previsible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea será condenatoria, y en segunda vuelta acabará en una más que probable multa, que puede alcanzar los 200 millones de euros por año de incumplimiento”.


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