Anticorrupción cree probado que Rato conocía las irregularidades en las cuentas de Bankia antes de sacarla a Bolsa
La Fiscalía del caso Bankia elevó las penas que pedía inicialmente por delito de estafa a inversores y añadió el de falsedad contable por las cuentas de Bankia y BFA del ejercicio 2011.
Este lunes, durante el inicio de la fase final del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), la fiscal Carmen Launa ha sostenido que los cambios en su acusación se han realizado con total transparencia y responden al principio de legalidad que exige la función del Ministerio Público. Cabe recordar que la Fiscalía del caso Bankia elevó las penas que pedía inicialmente por delito de estafa a inversores y añadió el de falsedad contable por las cuentas de Bankia y BFA del ejercicio 2011.
Anticorrupción ha argumentado la ampliación de su acusación en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en la luz que han arrojado los testimonios de acusados, testigos y peritos a lo largo del procedimiento, que habrían probado que tanto el expresidente,Rodrigo Rato, como el ex consejero delegado, Francisco Verdú, conocían la existencia de irregularidades en las cuentas de 2011.
Además, la fiscal ha asegurado que "todo lo que rodeó" la constitución de BFA-Bankia, su salida a Bolsa y la posterior nacionalización de la entidad fue "una especie de pesadilla que los distintos operadores financieros han querido hacer desaparecer" a fin de "minimizar" posibles responsabilidades.
La representante del Ministerio Público ha calificado de "inusual" que tanto el Banco de España como la CNMV aportaran contrainformes "para desvirtualizar" los trabajos de los dos inspectores designados a la causa como peritos judiciales, Antonio Busquets y Víctor Sánchez.
La fiscal ha relatado que los trabajos de PwC y AFI han sido actualizados en el plenario con una revisión de las coberturas a 31 de diciembre de 2010, tras la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) que dio lugar al grupo BFA-Bankia.
Anticorrupcíon ha recurrido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para concluir que la actuación de la Fiscalía al ampliar su acusación final ha sido acorde con el ejercicio de sus funciones constitucionales.
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