Prisión incondicional para los siete CDR acusados de terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decreta prisión incondicional para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que han pasado este jueves a disposición judicial por integrar presuntamente un grupo terrorista que conspiró para cometer un delito de estragos con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública.

El juez ha seguido la argumentación del fiscal Miguel Ángel Carballo después de las comparecencias de los siete investigados para justificar su petición de prisión incondicional para todos ellos.

Según el Ministerio Público, los siete miembros de los CDR habrían cometido delitos de tenencia de explosivos, conspiración para el delito de estragos e integración en grupo u organización criminal de naturaleza terrorista con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública.

Para la Fiscalía, la gravedad de las penas que acarrean estos delitos así como el "riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas" han llevado a solicitar la medida de prisión provisional sin fianza.

La petición del fiscal se ha elevado al término de cada una de las comparecencias de los siete detenidos en aplicación del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre medidas cautelares. Los cinco que comparten estrategia de defensa, asesorados por un equipo de la organización Alerta Solidaria, sólo han contestado a sus abogados para incidir en que no tienen ninguna vinculación con el terrorismo y que son personas "normales y corrientes", tal y como ha explicado una de las abogadas al término de las declaraciones.

Los otros dos, por su parte, están asistidos por abogados de oficio y ya prestaron declaración el pasado martes en dependencias de la Guardia Civil, donde reconocieron que tenían conocimiento de que se había comprado material compatible con la fabricación de explosivos y se habían hecho pruebas con él, si bien negaron que el objetivo fuese terrorista.

SUBVERTIR EL ORDEN CONSTITUCIONAL O LA PAZ PÚBLICA

La Fiscalía considera que la organización de la que forman parte presuntamente los detenidos tiene "naturaleza terrorista" y su finalidad era "subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública". A su juicio, la gravedad de las penas que acarrean estos delitos así como el "riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas" han llevado a solicitar la medida de prisión provisional sin fianza.

Los dos investigados que han llevado su estrategia de defensa al margen de los otros cinco, presentaron ayer un 'habeas corpus' -denuncia por detención ilegal- en la Audiencia Nacional por boca de sus familiares, según informan en fuentes jurídicas.

Fueron recibidos por el juez de guardia anoche en la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ante quien reafirmaron su interés en mantener la misma asistencia letrada de oficio que habían recibido a su detención y declinaron presentar denuncia alguna. Este jueves, en un momento previo al inicio de las declaraciones, se les ha vuelto a consultar y han reafirmado su intención de seguir adelante con la misma asistencia letrada.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 mantiene esta causa bajo secreto mientras se analiza la numerosa documentación incautada a los detenidos en los diez registros que se practicaron el lunes en distintos puntos de la provincia de Barcelona.