Los cuatro directivos del BBVA citados hoy por los contratos con Villarejo se acogen a su derecho a no declarar

Los cuatro directivos y ex directivos del BBVA que estaban citados este martes para comparecer en la Audiencia Nacional en calidad de investigados por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, han pasado ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción y se han acogido a su derecho a no declarar dado que la causa está secreta, en una estrategia que hasta la fecha, sólo han roto dos de los imputados, el expresidente del banco Francisco González y su ex responsable de Real Estate Antonio Béjar.

Se trata de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman; Eduardo Arbizu, que hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado al conocerse la imputación del BBVA, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno; el otrora jefe de Riesgos, Manuel Castro; y el responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega. Su predecesor, José Manuel García Crespo, estaba citado, pero se ha suspendido por razón de un viaje.

Todos estaban convocados a partir de las 9.30 de la mañana ante el juez Manuel García Castellón y uno tras otro -el primero ha sido Arbizu--, han declinado responder a las preguntas del instructor y los fiscales alegando que desconocen el contenido de las actuaciones pues esta pieza separada de la causa Tándem, centrada en 13 años de contratos entre el BBVA y la empresa Cenyt de Villlarejo por importe superior a 10 millones de euros, permanece bajo secreto.

Este miércoles, día 20, será la representación legal del banco la que acuda a la Audiencia Nacional, pues BBVA está imputado como persona jurídica por cohecho y también por corrupción en los negocios en relación a este asunto. Hasta la fecha, la entidad ha venido anunciando su disposición a colaborar con la justicia.

UNA DECENA DE INVESTIGADOS

En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, así como la sustituta de Corrochano en Seguridad Inés Díaz Ochagavia;y el jefe de grupo en este área Nazario Campo Campuzano.

También han comparecido como investigados el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo, y su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas; y todos ellos han optado por ejercer su derecho a guardar silencio, igual que Antonio Bonilla, policía que en segunda actividad trabajaba para el comisario y que está asimismo imputado en esta pieza.

No hicieron lo mismo el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, quien ya ha declarado en más de una ocasión en la Audiencia Nacional, ni el expresidente Francisco González, que este lunes respondió durante más de dos horas y media al extenso interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción para negar cualquier conocimiento sobre los contratos con las mercantiles de Villarejo.