El Tribunal de Cuentas advierte al Gobierno sobre la falta de refuerzo de personal en la Seguridad Social

La gestión del patrimonio inmobiliario del sistema público de protección social en España entra en el foco institucional tras un nuevo informe que revisa el grado de cumplimiento de las recomendaciones destinadas a mejorar la eficiencia, la transparencia y el control de los bienes de la Seguridad Social, con especial atención a la organización interna y a los recursos humanos disponibles.

Un aviso institucional sobre la capacidad de gestión

El Tribunal de Cuentas vuelve a situar en el centro del debate la falta de refuerzo de personal en la Subdirección General de Gestión Patrimonial de la Tesorería General de la Seguridad Social, una cuestión que sigue sin resolverse pese a las recomendaciones trasladadas previamente por el Parlamento. La petición procede de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que agrupa a diputados y senadores, y que había instado a incrementar los recursos humanos del área.

El organismo fiscalizador, presidido por Enriqueta Chicano, constata que esa demanda no se ha cumplido, en un contexto en el que analiza la eficiencia en el uso de los inmuebles del sistema de la Seguridad Social y el seguimiento de las mejoras aplicadas en los últimos ejercicios.

Evaluación del uso del patrimonio público

El informe aprobado por el Pleno el 28 de julio de 2022 sirve como referencia para este seguimiento, centrado en la eficiencia del uso de los inmuebles y en aspectos como la sostenibilidad energética. El análisis actual confirma que una parte relevante de las recomendaciones iniciales ya se encuentra ejecutada, aunque persisten ámbitos pendientes de desarrollo.

El Tribunal de Cuentas concluye que ocho de las trece recomendaciones han sido cumplidas en su totalidad, lo que supone un avance significativo en la modernización de la gestión patrimonial. Entre las actuaciones más destacadas figura la promoción de certificados de eficiencia energética en los edificios del sistema público, un paso que refuerza la adaptación a criterios de sostenibilidad.

Avances en eficiencia y control de inmuebles

El seguimiento también destaca la creación de un plan director orientado a la renovación progresiva del 3% de la superficie total de los edificios de la Seguridad Social, una medida que busca mejorar el rendimiento y la adecuación de las instalaciones.

Asimismo, se refuerzan los mecanismos de control de los contratos de arrendamiento de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y se impulsa la comunicación sobre inmuebles vacíos dentro del sistema, con el objetivo de optimizar su utilización. También se avanza en el reconocimiento de la titularidad registral de los bienes, un aspecto clave para la seguridad jurídica del patrimonio público.

Aspectos aún en desarrollo

El informe identifica una recomendación cumplida parcialmente relacionada con la coordinación entre entidades usuarias de los inmuebles y las comunidades autónomas, especialmente en lo que respecta al intercambio sistemático de información.

Además, permanecen en curso varias actuaciones consideradas estratégicas para la modernización del sistema. Entre ellas se encuentra la depuración de la información del inventario de inmuebles en el Portal de Transparencia, así como la elaboración de un diagnóstico preciso sobre la situación real del parque inmobiliario y las necesidades de las entidades que lo utilizan.

También continúa pendiente la puesta en marcha de la aplicación informática IBID, destinada a actualizar y contabilizar el Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad Social, junto con estudios sobre posibles sobredimensionamientos en las instalaciones de las mutuas.

Un sistema en transición organizativa

El conjunto del informe refleja un proceso de transformación progresiva en la gestión del patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social, con avances relevantes en eficiencia energética, control administrativo y planificación estratégica, aunque con carencias todavía en recursos humanos y herramientas digitales clave para completar la modernización del sistema.

El Tribunal de Cuentas mantiene así su función de seguimiento sobre la implementación de las recomendaciones parlamentarias, en un ámbito que combina gestión patrimonial, control del gasto público y adaptación a nuevos estándares de eficiencia administrativa.