viernes, 19 de abril de 2024 13:10
Economía

Visados de oro: el Comité Económico y Social Europeo pide que se ponga fin a las autorizaciones en la UE

El Comité Económico y Social Europeo ha declarado que programas como los visados de oro "conllevan graves riesgos" y que "deberían suprimirse en todos los Estados miembros de la UE".

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Banderas de la Unión Europea, bandera de Europa, bandera europea


El Comité Económico y Social Europeo pidió este viernes la "supresión de todos" los regímenes de concesión de ciudadanía o residencia a los inversores en la Unión Europea (UE), en particular en Portugal, uno de los Estados miembros que ya ha concedido más visados de oro.


El Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo institucional, ha emitido este viernes un dictamen en el que afirma que programas como el de los visados de oro "entrañan graves riesgos" y que, por lo tanto, "deberían suprimirse en todos los Estados miembros de la UE".


"La nacionalidad es una relación entre un ciudadano y un Estado, ya sea por filiación o por nacimiento en su territorio. Sin embargo, en los últimos años, varios Estados miembros de la UE han establecido sistemas de ciudadanía y residencia para atraer inversiones", señala el CESE en una declaración.


Portugal es uno de estos países, que ya ha concedido un total de 17 500 permisos de residencia a inversores extranjeros desde la aplicación de estos programas en 2013, según las cifras citadas por el CESE.


La mayoría de estos beneficiarios eran ciudadanos chinos (3.936) y brasileños (581), seguidos por sudafricanos, turcos y rusos.


España (24 800), Hungría (19 800) y Letonia (17 300) figuran también en la lista de Estados miembros que han expedido más permisos de residencia a inversores extranjeros. "En las últimas décadas, la crisis financiera ha llevado a la necesidad de aumentar los ingresos en muchos Estados miembros de la UE, que han establecido planes para facilitar el acceso de los nacionales de terceros países a la ciudadanía de la UE o para obtener un permiso de residencia a cambio de una inversión significativa en el Estado miembro en cuestión, los llamados visados de oro, señala el CESE.


En su dictamen de este viernes, el CESE expresó su oposición a estas prácticas y pidió "la supresión progresiva de estos sistemas o motivos razonables para no hacerlo".


El dictamen del CESE, que respalda los informes del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en los que se pide la eliminación de todos los sistemas existentes debido a los riesgos asociados, señala ahora los problemas relacionados con el blanqueo de capitales y la corrupción, la gobernanza, la transparencia, la dimensión comunitaria y la evasión fiscal. Además, según el Comité, existen "otros riesgos potenciales, como los riesgos macroeconómicos derivados de la volatilidad de este tipo de flujos de inversión, los riesgos socioeconómicos derivados de la inflación de los precios inmobiliarios o los riesgos políticos, como el riesgo de deterioro de la confianza en las instituciones de la UE y de la reputación de la ciudadanía de la UE".


Por este motivo, el CESE recomienda que, hasta el final gradual de los regímenes existentes, no se autorice la creación de nuevos regímenes, se creen normas de seguridad armonizadas, se elabore un código de conducta para supervisar al sector privado y que "la Comisión establezca un mecanismo de coordinación que permita a los Estados miembros intercambiar información sobre las solicitudes de ciudadanía y residencia aceptadas y rechazadas".


En la actualidad, existen casi 20 sistemas para conceder la residencia y la ciudadanía a los inversores en la UE.


Desde 2008, la UE ha dado la bienvenida a más de 6.000 nuevos ciudadanos y 100.000 nuevos residentes, y ha atraído alrededor de 25.000 millones de euros en inversión extranjera directa, según un informe de 2018 de Transparencia Internacional y Global Witness.


Según el mismo documento, Portugal fue el tercer Estado miembro que más dinero ha recaudado en los últimos diez años con visados de oro, una media de 670 millones de euros al año, sólo superada por España (976 millones de euros al año) y Chipre (914 millones de euros al año).

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