Urkullu pide "disculpas a la sociedad" tras la condena de exdirigentes del PNV en un caso de corrupción en Álava

Afirma que la sentencia "deja claro" que los condenados actuaron en beneficio propio y no hay vinculación con el PNV

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido este martes "disculpas a la sociedad por una actitud reprobable y contraria al ideario y valores éticos" que defiende su Ejecutivo, tras conocerse la sentencia por la que se condena a exdirigentes del PNV en un caso de corrupción en Álava. Además, ha afirmado que la sentencia "deja claro" que los condenados actuaron en beneficio propio y no hay vinculación con la formación jeltzale, y ha asegurado que el Gobierno Vasco trabajará para que restituyan a las arcas públicas los 146.230 euros defraudados.

Urkullu ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer una valoración de la sentencia del 'caso de Miguel', en la que el antiguo 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Álava a 13 años y tres meses de cárcel por diversos delitos relacionados con las actividades de una trama vinculada a excargos de la formación 'jeltzale', que han sido enjuiciados en el mayor proceso por corrupción de la historia de Euskadi.

Cuando estalló el caso, Iñigo Urkullu era presidente del EBB del PNV y reclamó reiteradamente a los militantes del PNV imputados que entregaran sus carnés de militantes y, aunque algunos de estos se resistieron en un principio, lo hicieron seis meses después.

En su declaración de hoy, el Lehendakari ha comenzando mostrando su "más absoluto respeto" a la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Álava, por la que ha condenado a 12 personas a penas de cárcel y tres más han sido inhabilitadas. "Es suficiente para solicitar disculpas a la sociedad por una actitud reprobable y contraria al ideario y valores éticos que defendemos", ha asegurado.

En todo caso, ha dicho que "conviene recordar que los hechos juzgados y sentenciados responden a actitudes particulares". "Hay que recordar también que han sido juzgadas 26 personas y 11 de ellas han sido absueltas", ha manifestado.

Además, ha recordado que su postura ha sido "pública y conocida desde el primer día". "La hice pública el 1 de abril de 2010, solo dos semanas después de conocerse este caso. Lo dije desde el primer momento y lo reitero: Repruebo todo caso de corrupción. Mi compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública y política es total. Este es un principio básico y lo considero un deber público", ha aseverado.

El Lehendakari ha recordado que, en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, adoptó "todas las medidas cautelares para apartar a las personas hoy condenadas de sus puestos de responsabilidad pública, también de toda responsabilidad interna en el Partido Nacionalista Vasco, cuya presidencia ocupaba en aquel momento".

"Solicité a las personas encausadas la entrega del carné de afiliación política. Desde el primer momento actuamos con 'celeridad, claridad y contundencia'. Fue una acción adoptada con "celeridad" que hoy se confirma como acertada, fue un mensaje presentado con 'claridad' ante la sociedad y pretendía dejar constancia de una manera de entender la política y la responsabilidad pública", ha manifestado.

Según ha precisado, "fue una decisión contundente que tenía, también, una intención ejemplarizante. Es importante situarse en 2010, hace casi diez años. Les invito a poner aquellas decisiones en el contexto de la respuesta a casos equiparables en aquel momento. Pusimos en marcha una actitud diferente a la hora de abordar estos casos", ha añadido.

SIN VINCULACIÓN CON PNV
El expresidente del PNV ha asegurado que le preocupaba "la interpretación de que la corrupción de unas personas concretas pudiera vincularse a la actuación de un partido político con una trayectoria intachable".

"Ahora la sentencia lo deja claro: las personas condenadas actuaron en busca de su beneficio individual. Según esta primera sentencia que no es firme y puede ser recurrida, estas personas pudieron valerse de su posición para lucrarse indebidamente. Repruebo esta actitud, tolerancia cero con la corrupción", ha subrayado.

Asimismo, ha explicado que los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco "están personados en la causa desde el primer momento". "Nuestro objetivo es defender el interés público y el daño causado a la Hacienda General del País Vasco. La sentencia estima que el fraude al Gobierno Vasco asciende a 146.230 euros. Vamos a emprender todas las acciones legales que sean oportunas para restituir hasta el último céntimo de euro a las arcas públicas", ha aseverado.

Por último, ha indicado que "las primeras diligencias de investigación promovidas por la fiscalía de Araba se abrieron el día 16 de abril de 2010". "Hoy es 17 de diciembre de 2019 y se ha conocido la primera sentencia. Es una sentencia, recurrible y, por tanto, no es firme todavía. Una primera sentencia que llega casi diez años después de la apertura de la investigación", ha indicado.

Tras señalar que "llega tarde y, especialmente, para las 11 personas absueltas", ha dicho que "se impone una reflexión sobre la necesidad de respetar la presunción de inocencia". "Reitero mi más firme rechazo ante unos hechos que son contrarios al ideario y los valores éticos que defendemos", ha concluido.

"ANTES QUE LA FISCALÍA"
Preguntado por si, en su cargo como presidente del PNV en el momento en el que ocurrieron los hechos, no tuvo constancia de estas prácticas, ha insistido en que la sentencia "descarta toda vinculación institucional y partidista de los hechos".

En este sentido, ha reiterado que se trata de "conductas personales legal y éticamente desviadas, que han merecido el reproche penal" y ha afirmado que, como presidente de la formación jeltzale en aquel momento, reaccionó al respecto "antes, incluso, de que la Fiscalía de Álava empezara sus actuaciones". Urkullu ha insistido en que "las personas hoy juzgadas entregaron sus carnets" como afiliados del partido, y "algunas, inmediatamente".

También ha reiterado que el Gobierno Vasco está personado en la causa "desde el primer momento", en aquel momento presidido por Juan José Ibarretxe, porque su "propósito fundamental" ha sido "analizar lo que pudiera ser un perjuicio para las arcas de la Hacienda General del País Vasco". En este sentido, ha añadido que su gabinete sigue "empeñado en que se restituya hasta el último céntimo de euro".

Por otra parte, respecto a la situación laboral de los condenados, -Alfredo de Miguel se encontraba trabajando en una sociedad pública- Iñigo Urkullu ha asegurado que existe una condena, "y aplicaremos lo que corresponde a la condena".

En este punto, ha recordado que se trata de una condena en primera instancia "y es recurrible", por lo que "habrá que esperar a lo que sea la decisión final, en función de los recursos que puedan ser presentados".