La explotación sexual de menores tutelados vuelve este martes al debate del pleno del Parlament

Previsiblemente, el pleno rechazará tomar en consideración la Ley de Conciliación familiar presentada por Vox

Los casos de explotación sexual de menores tutelados en Mallorca volverán este martes a centrar el debate de la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, con varias preguntas dirigidas a la presidenta del Govern, Francina Armengol.

En la sesión plenaria, que comienza a las 09.00 horas, el portavoz del PP en el Parlament, Biel Company, preguntará a la presidenta del Govern si avala la actuación y las declaraciones de la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, en relación a los casos de explotación sexual de menores tutelados del IMAS, institución dependiente del Consell de Mallorca.

La consellera protagonizó una comparecencia en el Parlament a finales de enero en la que pidió una mayor implicación de la Fiscalía en las reuniones de seguimiento de los casos de explotación sexual a menores. La Fiscalía contestó con un comunicado en el que defendía que "todos y cada uno" de los casos "han sido y están siendo objeto de la oportuna investigación, seguimiento y tramitación con absoluto interés, seguimiento y dedicación".

Las alusiones de Santiago a la Policía también provocaron quejas de sindicatos policiales, que instaron a la consellera a "asumir su cuota de responsabilidad y no tirar balones fuera".

El PP no es el único que traerá esta cuestión al debate parlamentario de este martes. Cs, a través de su portavoz adjunta Patricia Guasp, interrogará a Armengol acerca de qué responsabilidades asumirá el Govern por estos casos.

Por su lado, el portavoz de Vox, Jorge Campos, reclamará a Armengol que explique el voto en contra de los socialistas a la posible auditoría al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), una pregunta formulada en el pleno anterior que tuvo que aplazarse por el viaje oficial de Armengol a India. Además, en el turno de preguntas a los consellers, Vox preguntará a la responsable de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa, qué actuaciones ha realizado el IbDona en relación a este escándalo.

Por otro lado, el diputado de Ciudadanos Juan Manuel Gómez interrogará sobre las medidas adoptadas por el IbSalut ante las supuestas irregularidades en el proceso de selección del personal de enfermería para acceder al Servicio de Salud de Baleares.

Asimismo, la diputada de El PI Catalina Pons preguntará si el sistema de contratación del IBSalut garantiza la seguridad de los pacientes y la equidad en el acceso de plazas.

Del Grupo Mixto, la diputada Patricia Font, por su parte, preguntará sobre las actuaciones previstas en la fosa común del cementerio de Bunyola y el diputado Josep Castells sobre la posibilidad de un modelo de cuerpo policial propio para las Islas.

LEY DE CONCILIACIÓN FAMILIAR
Por otro lado, en la segunda parte, previsiblemente, el pleno rechazará tomar en consideración la proposición de Ley registrada por el grupo parlamentario Vox en apoyo a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las familias en Baleares.

De hecho, la portavoz del PSIB, Sílvia Cano, ha anunciado este lunes votarán en contra porque no comparten "los presupuestos ideológicos que contiene, como el concepto de violencia intrafamiliar y la consideración que tienen de las familias monoparentales y la negación de realidades socioeconómicas como la brecha salarial".

Asimismo, el pleno debatirá una proposición no de ley de los socios del 'Pacte' pidiendo medidas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas industriales a desplazar su actividad en polígonos industriales y otra del PP en la que se insta al Gobierno a agilizar "al máximo los trámites" para otorgar las ayudas a los afectados por la tormenta 'Gloria'.

Sobre esta última, la diputada 'popular' Nuria Riera aseguró el miércoles, después de la Junta de Portavoces, que con esta propuesta el partido exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estas ayudas "no se limiten a las zonas públicas, sino también a particulares que se han visto afectados".

Por su parte, El PI planteará una propuesta para que todos los partidos se sumen a un acuerdo de declaración institucional en apoyo a las reivindicaciones del sector primario español. Todos los partido se han adherido a la causa.