martes, 14 de mayo de 2024 02:25
Politica

El Polisario achaca los cambios en la oficina española en El Aaiún a la "presión y chantaje" de Marruecos

El nuevo delegado del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, considera que la decisión del Gobierno de que la Depositaría de bienes del Estado español en El Aiaún deje de hacer trámites consulares "se debe a la política de Marruecos de chantaje y presión permanente" al Gobierno de España.
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La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya, en los pasillos del Congreso.

El nuevo delegado del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, considera que la decisión del Gobierno de que la Depositaría de bienes del Estado español en El Aiaún deje de hacer trámites consulares "se debe a la política de Marruecos de chantaje y presión permanente" al Gobierno de España.

En declaraciones a Europa Press, Arabi ha opinado que Marruecos quiere "cerrar cualquier vestigio de presencia española" en el Sáhara Occidental y que "una vez más el Gobierno (español) ha cedido al chantaje".

El delegado del Polisario, que acaba de tomar posesión, tiene intención de plantear este asunto al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación cuando comience su interlocución con el Gobierno.

La ministra, Arancha González Laya, confirmó el miércoles quela Depositaría dejará de hacer trámites de legalización de documentos públicos, pero porque es una figura que, a diferencia de un cónsul, no tiene esa autoridad y lo que se ha hecho es "clarificarlo".

Lo que se ha hecho, dijo, es "poner un poco de orden" asegurando que esa figura del depositario de bienes "no incurre en actos jurídicos para los que no tiene autorización ni capacitación". "No hay un cónsul en El Aaiún, nunca lo ha habido", remarcó --acreditar un cónsul en la capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos supondría un reconocimiento de su autoridad--.

Para la ministra, con esta decisión de "poner un poco de orden", nada cambia para los ciudadanos que viven allí, mientras que la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, advirtió de que la decisión deja "desatendidos" a 12.000 españoles de origen saharaui.

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