Puigdemont pide a la Justicia belga consultar con el TUE si Llarena tiene inmunidad de jurisdicción

El juzgado de Bruselas decidirá "a más tardar" el 24 de abril
Los abogados del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont han solicitado este jueves a la Justicia belga que presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) para aclarar si el juez que le ha investigado por rebelión en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y el Reino de España tienen inmunidad de jurisdicción o puede ser juzgado en Bélgica por su supuesta falta de imparcialidad.

Así lo han solicitado los abogados durante una vista de cerca de cinco horas en un juzgado de lo civil del Tribunal francófono de Bruselas formado por tres jueces. La presidenta de la Sala ha informado al término de la sesión que tomarán una decisión "en un plazo de dos meses, a más tardar el 24 de abril".

Entonces el Tribunal tendrá que decidir si se considera competente para juzgar a Llarena y por tanto fija una nueva fecha para una vista sobre el fondo de la demanda, si cree que no tiene jurisdicción para este caso y lo sobresee o, como tercera posibilidad, acepta enviar una cuestión prejudicial al TUE y aplaza su pronunciamiento hasta tener una respuesta.

El caso lo examina un juzgado del Tribunal francófono de primera instancia de Bruselas compuesto por tres jueces, formato que se asigna a los casos más complejos, por lo que su decisión final aún podría ser recurrida ante el Tribunal de Casación, última instancia en el sistema belga.

A la vista no ha acudido Puigdemont, pero sí dos de los cuatro exconsellers que huyeron con él a Bélgica y firman la demanda civil presentada contra Llarena ante la Justicia bruselense: Clara Ponsatí y Toni Comín. También son demandantes Lluis Puig y Meritxel Serret.

El equipo legal de los políticos independentistas ha denunciado "objetivos políticos" en la causa del 'procés' y acusado a España de ignorar dictámenes internacionales y "ponerse del lado de países que violan los Derechos Humanos", en palabras de uno de sus abogados, Christophe Marchand.

Otro de los letrados, Marc Snoeck, ha argumentado que en este caso evocar la inmunidad de jurisdicción es "totalmente contrario al Derecho europeo", porque los Estados miembro asumen ante los ciudadanos una responsabilidad civil cuando vulneran el Derecho comunitario y por tanto debe ser posible llevarlos a Luxemburgo para responder por dicha responsabilidad.

Por ello, han solicitado que el tribunal consulte al TUE si la inmunidad de Estado "es conforme con el orden jurídico especial y autónomo europeo", ha expuesto Snoeck, dejando abierta la redacción definitiva de la duda, si finalmente se cursara.

Los abogados que defienden a Llarena y a España sin embargo, han rechazado de plano que la Justicia belga deba elevar el asunto al Tribunal europeo, primero porque creen que no compete al derecho europeo y, segundo, porque el proceso no está aún en la última instancia (Tribunal de Casación en Bélgica).

Además, la defensa de Llarena insiste en que la inmunidad de Estado es una cuestión que depende del Derecho internacional público y no del europeo, que no sería por tanto competente para pronunciarse sobre su definición o validez.

El abogado belga de Llarena, Hakim Boularbah, ha advertido al Tribunal de que la demanda contra el juez instructor español es un "intento evidente de desestabilizar" a Llarena, al que "quieren obligar a defenderse en un orden jurídico que no conoce, en un idioma que no controla", con el objetivo final de "recusar" al magistrado. También, ha recalcado, es un intento por "exportar" el desafío independentista al exterior y obligar a la Justicia belga a tomar partido.

La defensa de España y Llarena también han llamado la atención del tribunal belga sobre el hecho de que Puigdemont y el resto de demandantes han evitado acudir a la Justicia española para denunciar este caso, a pesar de que hay procedimientos específicos si temen parcialidad del juez y vías para presentar demandas civiles, pero que no lo han hecho y han preferido dirigirse directamente a las instancias belgas.

"Hoy estamos aquí porque los demandantes han decidido acudir a los Tribunales belgas a pesar de haber renunciado ir ante los españoles", ha remachado el abogado.

DEMANDA POR UN EURO
El caso se remonta a junio de 2018, cuando Puigdemont y cuatro de sus exconsellers denunciaron ante los tribunales belgas que la instrucción llevada a cabo por Llarena supuso una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y pidieron una compensación de un euro simbólico.

Ya en marzo del año siguiente, la defensa de los políticos independentistas amplió la demanda para incluir al Reino de España, un movimiento con el que aspiran a impulsar que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En las vistas preliminares del caso, la defensa de Llarena cuestionó la jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas y solicitó además que España pudiera personarse en la causa, una petición que prosperó y que los abogados de Puigdemont y de los otros cuatro políticos catalanes huidos con él a Bélgica han interpretado como una oportunidad para demandar también al Reino de España e invocar el derecho europeo.

Los demandantes acusan también al Reino de España de cometer "violaciones sistémicas" del derecho europeo contra la "minoría catalana, sus movimientos políticos que buscan la independencia regional y sus representantes, en violación de los principios que residen en el Estado de derecho".

También cuestionan la inmunidad de jurisdicción que alega España para pedir que el fondo de este caso no sea examinado en los tribunales belgas y sostienen que se han violado varias directivas europeas que afectan a los procesos penales, además de atentado a los derechos fundamentales de los líderes independentistas.