viernes, 3 de abril de 2020 20:45
Politica

Fiscal Carrau, testigo del caso Móviles, señala que Florit le dijo: "Estoy muy presionado, voy a devolver los teléfonos"

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El fiscal Anticorrupción Juan Carrau, que declara este jueves como testigo en el denominado 'caso Móviles', ha señalado que, tras la incautación de los dispositivos móviles a dos periodistas, el magistrado Miguel Florit, que fue quien dio la orden, le dijo: "Estoy muy presionado, voy a devolver los teléfonos".

Carrau se ha manifestado así ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que juzga a Florit por la vulneración del derecho al secreto profesional, entre otros delitos.

El representante del Ministerio Fiscal ha dicho que no entró a discutir el origen de las presiones y ha dicho desconocer por qué el juez decía sentirse así, pero ha explicado que también le comentó que ya no era "tan necesario ni tan eficaz" inspeccionar los móviles pues ya tenían "mucha prueba" contra los policías que investigaban.

El juicio del denominado 'caso Móviles' en el que está investigado el magistrado Miguel Florit por la incautación de móviles a periodistas y el rastreo de sus llamadas se celebra este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Entre otros delitos, se le acusa de haber vulnerado el derecho al secreto profesional y por interceptación ilegal de comunicaciones.

La causa se remonta al 11 de diciembre de 2018, cuando la Policía, por orden del juez, se incautó de los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y 'Diario de Mallorca' para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al 'caso Cursach'.

La Policía también requisó ordenadores, un 'pendrive' y diversa documentación en la sede de Europa Press en Baleares y, ya por la tarde, visitó la sede de 'Diario de Mallorca', pero finalmente no accedieron a su interior. Estos hechos provocaron cierta indignación en el ámbito de la profesión y se dieron muestras de apoyo y solidaridad y concentraciones en diferentes puntos del país.

Ante esto, la defensa de los medios afectados --Europa Press y 'Diario de Mallorca'--, así como los dos periodistas --Blanca Pou y Kiko Mestre-- presentaron una querella en la que se piden penas que suman 42 años de inhabilitación por, además de vulnerar el secreto profesional y la interceptación de las comunicaciones, prevaricación, y un delito contra la inviolabilidad del domicilio.

Las medidas fueron dictadas por Florit a instancias de la Policía y avaladas por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau. En este sentido, el fiscal superior Bartolomé Barceló pide la libre absolución del magistrado. En su escrito de conclusiones provisionales, afirma también que Florit dictó las medidas que afectaban a los periodistas teniendo ya identificados a una serie de funcionarios policiales como presuntas fuentes informantes.

La documentación aportada al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre ('Diario de Mallorca), Pou (Europa Press), una periodista de 'EFE' y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma.

La agencia de comunicación 'EFE', como acusación particular y la Asociación de Medios de la Información (AMI), como acusación popular, se adhirieron a la querella y, en consonancia, piden también 42 años de inhabilitación.

El 4 de enero de 2019, el Juzgado devolvió el material incautado a los dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca. Desde el juzgado se certificó que los dispositivos móviles no se habían inspeccionado durante su estancia en la sede judicial. Sin embargo, no se pronunció sobre la ventana de casi 24 horas en la que los dispositivos habían estado bajo custodia policial.

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