Tribunal de Cuentas cifra en 41.191 millones la deuda acumulada de Seguridad Social con el Estado hasta 2018

Los datos reflejan que la deuda aumentó un 50,5% en 2018, el año compartido por los gobiernos de Rajoy y Sánchez

El Tribunal de Cuentas ha constatado un endeudamiento acumulado de la Seguridad Social ante la Administración General del Estado de 41.191 millones de euros a fecha 31 de diciembre de 2018. Esto supone un aumento del 50,5% en el año de los dos gobiernos, el de Mariano Rajoy y los siete primeros meses de Pedro Sanchez, pues esa deuda se situaba en 27.360,7 millones a 31 de diciembre de 2017.

Así lo acredita en su 'Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018', aprobada el pasado 30 de abril, y recogida por Europa Press, en la que recoge que la Seguridad Social presentaba a esa fecha un patrimonio neto negativo de 33.260 millones de euros.

Esta cifra de patrimonio negativo neto, con origen en las operaciones de gestión ordinaria, se recogen en un "párrafo de énfasis", tal y como lo califica el órgano fiscalizador, dedicado para señalar este desbalance, al igual que ya lo hizo sobre la declaración de la CGE correspondiente al ejercicio 2017.

En este "párrafo de énfasis", el Tribunal de Cuentas señala que, con el fin de cubrir los gastos ordinarios, fundamentalmente pensiones, que debe asumir la Seguridad Social "ante la insuficiencia de los recursos de esta naturaleza", fundamentalmente cotizaciones, la solución adoptada en 2018 fue la de otorgar préstamos por el Estado a la Seguridad Social.

El órgano fiscalizador destaca cómo estos préstamos "no pueden resolver los problemas de sostenibilidad financiera de naturaleza estructural de la Seguridad Social, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tienen reflejo en su neto partrimonial".

YA INSISTIÓ EN REALIZAR TRANSFERENCIAS Y NO PRÉSTAMOS
En su anterior Declaración sobre la Cuenta General del Estado, correspondiente al ejercicio 2017, el Tribunal de Cuentas ya cuestionó la adopción de préstamos, en lugar de transferencias para cubrir el déficit en las cuentas de esta caja.

En esta declaración, llegó a señalar que estos préstamos "dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia" y apostaba por realizar transferencias corrientes de la Administración General del Estado y no conceder nuevos préstamos.