viernes, 19 de abril de 2024 10:35
Politica

El equipo de Guaidó denuncia que el Gobierno de Maduro impide a los venezolanos retornar desde España

El equipo de Juan Guaidó, reconocido por 60 países --entre ellos España-- como "presidente encargado" de Venezuela, ha denunciado este viernes que el Gobierno de Nicolás Maduro impide retornar a Venezuela a más de 500 venezolanos que permanecen varados en España desde el pasado 14 de marzo "alegando razones derivadas de la COVID-19".
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El equipo de Juan Guaidó, reconocido por 60 países --entre ellos España-- como "presidente encargado" de Venezuela, ha denunciado este viernes que el Gobierno de Nicolás Maduro impide retornar a Venezuela a más de 500 venezolanos que permanecen varados en España desde el pasado 14 de marzo "alegando razones derivadas de la COVID-19".

De hecho, el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por la Asamblea Nacional, Humberto Prado, ha elevado una denuncia al Parlamento Europeo, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a los Derechos Humanos.

Según ha explicado Prado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación español ha habilitado tres vuelos humanitarios para repatriar a españoles varados en Venezuela y, pese a las negociaciones, el "régimen" de Maduro ha impedido que en el viaje de ida Madrid-Caracas fuesen repatriados venezolanos.

El despacho de Antonio Ecarri, nombrado por Guaidó su embajador en España, estima que la cifra de venezolanos afectados por esta medida supera el millar, aunque solo la mitad se ha organizado en redes sociales, donde explican la precaria situación a la que están siendo sometidos. Sus denuncias concretas, analizadas por el despacho de Ecarri, han sido enviadas a los organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos.

Prado ha destacado que estos venezolanos se han visto obligados a permanecer en territorio español de forma indefinida y con recursos limitados, convirtiéndose en personas altamente vulnerables desde el punto de vista social y sanitario.

Según este responsable, tanto la CIDH como Bachelet han dejado claro que "los estados tienen la obligación de mantener abiertas sus fronteras para garantizar la repatriación de sus nacionales, toda vez que son su responsabilidad". Esta obligación, ha añadido en un comunicado, "opera con independencia de la naturaleza legítima o no de las autoridades".

Por su parte, Ecarri ha explicado que su despacho ha hecho consultas con el Gobierno de España en busca de soluciones, pero han sido infructuosas porque el "régimen" de Venezuela mantiene su negativa a permitirles el retorno.

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