viernes, 26 de abril de 2024 23:15
Politica

Borrell dice que la ayuda europea no será "un cheque en blanco"

Cree que la UE tendrá que diseñar una nueva senda para reducir la deuda pública y no volver al 60 por ciento "a marchas forzadas"
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El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, durante la comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.



El exministro de Asuntos Exteriores y actual vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ve "evidente" que la ayuda europea, cuando se apruebe, "no va a ser un cheque en blanco", pero ha asegurado que la condicionalidad no será "la de los hombres de negro y las famosas troika que intentaban garantizar los ajustes macro severos".

En una comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso, ha asegurado que no habrá una condicionalidad macroeconómica, porque esta vez el objetivo no es recuperar el equilibrio presupuestario sino "recapitalizar la economía para hacerla más resistente" y que eso genere un "círculo virtuoso".

Así, ha señalado que las ayudas tendrán una "condicionalidad orientada a un fin", es decir, que los fondos se destinen a objetivos como reforzar la digitalización y la transición ecológica, las cadenas de valor y la autonomía estratégica de la UE. En respuesta a una pregunta de Gabriel Rufián (ERC), Borrell ha reconocido que "nada es gratis" y que los fondos se devolverán.

Eso sí, en esta ocasión, los 750.000 millones que la Comisión Europea quiere dedicar a este fondo --500.000 en subvenciones y 250.000 en préstamos-- los obtendrá la propia Comisión con una emisión de deuda, y su devolución la realizarán conjuntamente los Veintisiete en los presupuestos europeos futuros, según lo que cada uno aporte a esos presupuestos.

Para rebajar la factura, Bruselas quiere añadir "recursos propios" en forma de impuestos a las actividades digitales, al plástico y a la importación de productos que supongan más emisiones de carbono. No de momento, ha dicho Borrell, a las transacciones financieras, a la espera de un acuerdo en el seno de la OCDE.

En todo caso, ha aclarado, si hay que hacer ajustes posteriores "tendrán que graduarse en función de las circunstancias". De hecho, ha recalcado que en este momento están temporalmente suspendidas las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obligan a que el déficit público no supere el 3 por ciento del PIB y la deuda el 60 pública el por ciento.

"Habrá que volver a comportamientos razonables de administración de las finanzas públicas", ha señalado Borrell. Sin embargo, puesto que todos los países europeos saldrán de esta crisis con niveles de deuda pública superiores al cien por ciento del PIB, cree que no es probable que se intente volver al 60 por ciento "a marchas forzadas" porque eso anularía los estímulos actuales.

De hecho, a preguntas de la 'popular' Elvira Rodríguez, ha respondido que no es algo que esté en el plan de recuperación, pero que "algo habrá que pensar para construir una nueva senda que permita alcanzar niveles de deuda sostenible". "La vuelta al 60 por ciento no puede basarse en la exigente trayectoria que se inventó cuando la situación era distinta", ha señalado.

Por otro lado, ha explicado que el Fondo de recuperación trata de "nivelar" la distorsión que se puede crear en el mercado interior europeo debido a la suspensión de las normas sobre ayudas públicas a las empresas, algo de lo que ya han advertido otros comparecientes en esa comisión.

DISTORSIÓN DEL MERCADO POR AYUDAS PÚBLICAS


Según ha dicho, los Gobiernos han dedicado ya alrededor de un billón de euros a sus empresas en el marco de la pandemia y la mitad de ese fondo lo ha destinado un solo país: Alemania. El riesgo es que se cree una situación en la que la capacidad de competir de una empresa no dependa de ella misma sino del margen fiscal que tenga su país para darle ayudas.

Borrell ha recordado que sus palabras sobre que los Estados tendrían que entrar en el capital de las empresas en el marco de la crisis generaron cierta polémica como si él hablase de "bolivarianización" de la economía, cuando en realidad está pasando en toda Europa: "Para eso están los Estados, para capitalizar las empresas en situaciones de crisis como esta".

Por otro lado, ha reconocido a Ana Oramas (CC) que si la situación se deteriora en África --desde el punto de vista sanitario y también económico-- eso tendrá consecuencias sobre la presión migratoria hacia Europa.

En ese capítulo, ha señalado que Bruselas trabaja en un nuevo pacto de migración y asilo, que previsiblemente incluirá la creación de un cuerpo de protección de fronteras "móvil", de 10.000 personas.


ACUERDOS CON ÁFRICA


También ha apostado por acuerdos con los países africanos siguiendo el modelo de los que hizo España con Senegal, acuerdos que permitan controlar los flujos migratorios a cambio de ayuda al desarrollo y que hagan ver a los posibles emigrantes que no "no merece la pena el riesgo" porque no podrán quedarse en Europa si no cumplen la condición de ser demandante de asilo.

Con la pandemia, ha señalado, la UE tiene la ocasión de demostrar que quiere ser "el mejor socio" de África, y así se lo dijo recientemente el presidente de Etiopía, en un momento en que China también "corteja" al continente.

Respecto a China, ha respondido a Marta Martín, de Ciudadanos, que, tal como ya explicó en el Parlamento Europeo, "ha habido presiones por parte de China" en relación con los informes sobre desinformación, pero que en los informes no se ha cambiado nada que "desvirtúe lo esencial de esta problemática".

A Carlos Fernández-Roca, de Vox, le ha asegurado que la UE tiene como "frontispicio" la preocupación por los Derechos Humanos, pero el diputado quería saber si se actuará contra España por "cercenar 11 derechos fundamentales con el estado de alarma" y Borrell le ha remarcado que no es el caso.

También a Fernández Roca le ha garantizado que uno de los objetivos del fondo de recuperación es ayudar a las pymes, pero ha reconocido que el problema serán los plazos de ratificación y de ejecución. Una vez que el programa se acuerde, ha avisado, tienen que ratificarlo 35 parlamentos nacionales y la Eurocámara, y "eso lleva su tiempo".

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