sábado, 24 de octubre de 2020 00:28
Politica

Cs, PP y Vox se unen para pedir en el Congreso penas más duras para los okupas y agilizar la recuperación del inmueble

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El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, interviniendo desde la tribuna en una sesión plenaria en la Cámara Baja.

Partidos de izquierda les acusan de intentar generar "miedo" y el PSOE afirma que no hay un problema de allanamiento de morada

Ciudadanos, el Partido Popular y Vox se han unido para pedir en el Congreso de los Diputados una serie de modificaciones legislativas que endurezcan las penas contra quienes ocupan inmuebles ilegalmente, agilicen la recuperación del mismo por parte del propietario y garanticen la protección de las familias en situación de vulnerabilidad habitacional.

Así lo reclaman en una enmienda transaccional que han acordado los tres partidos a raíz de una proposición no de ley planteada por Cs, debatida en el Pleno de este martes, para prevenir y atajar el fenómeno de la 'okupación'.

A través de esta enmienda, proponen que el Congreso inste al Gobierno a diseñar mecanismos legislativos para que los casos de ocupación ilegítima o usurpación se puedan resolver a través de un proceso sumario que permita recuperar la vivienda, el inmueble o el edificio en menos de doce horas.

En segundo lugar, apuestan por reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las demandas que busquen el lanzamiento o desalojo se decidan en un juicio verbal y que el tribunal acuerde la recuperación inmediata del inmueble por parte del demandante, así como que los delitos de usurpación puedan ser objeto de enjuiciamiento rápido.

Además, la enmienda propone modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para que, ante indicios suficientes de que la vivienda se usa para la comisión de delitos graves y flagrantes, las fuerzas policiales puedan proceder a la entrada, registro, identificación y desalojo de los ocupantes y se restituya en la posesión al legítimo propietario.

En cuarto lugar, se plantea una reforma del Código Penal que endurezca las penas de prisión: de uno a tres años para el delito de usurpación y de cuatro a seis años cuando se cometa con violencia o intimidación. Y si las conductas se realizaran con fuerza en las cosas, las penas se incrementarían en un grado.

PROTEGER A FAMILIAS VULNERABLES
Por último, el PP, Cs y Vox incluyen un último punto para "asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia en situaciones de vulnerabilidad, en particular, habitacional". Para ello, piden flexibilizar los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual.

También reforzar los servicios municipales de atención social para atender a los colectivos vulnerables, evaluar la conveniencia de que el Fondo Social de Vivienda adquiera carácter definitivo y crear un Portal de las Ayudas a la Vivienda donde todas las Administraciones publiquen las convocatorias de ayudas a la vivienda.

Al defender la iniciativa de Ciudadanos durante el Pleno de la Cámara Baja, su portavoz adjunto, Edmundo Bal, ha afirmado que en España existen "importantes lagunas" en el ordenamiento jurídico para luchar contra esta "lacra" y que, en la práctica, las leyes "defienden a los delincuentes y dejan desamparadas a las víctimas".

MAFIAS Y GRUPOS CRIMINALES
Según ha señalado, el objetivo de su partido es defender la propiedad privada y acabar con los problemas de seguridad y de convivencia que genera la 'okupación', ya que en ocasiones los propietarios se tienen que enfrentar a "mafias, grupos criminales y grupos antisistema" que llegan incluso a "extorsionarles".

Bal ha rechazado el argumento de los partidos de izquierdas de que éste es un fenómeno "sobredimensionado", y ha destacado que en España se producen 40 ocupaciones al día. Además, les ha pedido que "no confundan este problema con el de los colectivos vulnerables que se encuentran en riesgo habitacional" como excusa para no actuar contra quienes ocupan ilegalmente una vivienda.

Tanto la representante del PP, María Teresa Angulo, como la de Vox, Cristina Esteban, han expresado sus coincidencias con la posición de Ciudadanos. Según Angulo, la 'okupación' se ha convertido en "un negocio a costa del esfuerzo de los trabajadores, aprovechándose de los más vulnerables", y el deber del Gobierno es proteger el derecho a la propiedad a la vez que garantiza el derecho a la vivienda.

A continuación, la diputada 'popular' ha acusado a los partidos que integran el Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, de estar "cada día más alejados de lo que quiere el español medio", que necesita "saber que la ley está de su lado". "Contra las mafias de la ocupación y los partidos que las amparan o promueven, tolerancia cero", ha recalcado.

Esteban, por su parte, ha criticado la idea de que los casos de ocupación ilegal de viviendas son "leyendas urbanas", pues hay "cientos de miles de españoles" afectados. También ha indicado que la instrucción de la Fiscalía General del Estado para unificar criterios y actuar con mayor urgencia ante las ocupaciones no es una solución, y ha apostado por fomentar la construcción de viviendas de protección oficial.

ESPECULACIÓN Y FONDOS BUITRE
En nombre del PSOE, el diputado César Ramos ha contestado que el PP, Vox y Cs "tienen prioridades distintas a las de los ciudadanos", que ahora, a su juicio, están preocupados por la pandemia de coronavirus y por la crisis económica.

"Han conseguido crear la percepción de que hay un problema de ocupación, de allanamiento de morada", pero en España "no hay un problema de gente que, en su primera o segunda vivienda, se encuentre a unos 'okupas' en casa", ha asegurado. Así, ha transmitido a los españoles que pueden "estar tranquilos" porque el PSOE "defiende la legalidad" y seguirá trabajando para evitar que eso ocurra.

Por parte de Unidas Podemos, Rafa Mayoral ha destacado que el verdadero problema no es la ocupación, sino la especulación que se hace con la vivienda y "el fracaso absoluto de la gestión privada del patrimonio inmobiliario resultante de la crisis y su entrega, a precio de saldo, a los fondos buitre". Esas son "las verdaderas organizaciones criminales", ha añadido.

Mayoral ha abogado por actuar contra esos fondos buitre y por controlar los precios de los alquileres. También ha resaltado que en España hay "millones de viviendas vacías y abandonadas", en cuyo caso puede entenderse que hay un "consentimiento tácito" para su ocupación y utilización.

En términos parecidos a los de Podemos se han manifestado Gabriel Rufián (Esquerra Republicana de Catalunya), Oskar Matute (EH Bildu), Íñigo Errejón (Más País), Mireia Vehí (CUP) y Joan Baldoví (Compromís).

LA MAYORÍA DE LAS CASAS OCUPADAS NO SON DE PARTICULARES
Varios de ellos han resaltado el dato de que solo el 0,056% de los 26 millones de viviendas que hay en España han sido ocupadas o allanadas y que la mayoría de ellas no pertenecen a particulares, sino a entidades financieras y fondos de capital riesgo.

En este contexto, han acusado a Cs, al PP y a Vox de magnificar el fenómeno de la ocupación para generar "miedo" a la población y así justificar que se legisle para los ricos y para el mercado y se faciliten los desahucios de quienes no pueden pagar la hipoteca o el alquiler.

"Blanco y en botella", ha concluido Rufián, mientras que Matute ha denunciado la "imposición de la agenda de la extrema derecha", asumida por los 'populares' y por Ciudadanos, y Errejón ha reclamado que se ataje el origen de la ocupación, que es "la dificultad creciente para acceder a una vivienda".

En cambio, José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria, y Carlos García Adanero, de Unión del Pueblo Navarro, se han mostrado a favor de la proposición no de ley de Cs.

Por su parte, el diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Mikel Legarda y el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, han cuestionado la iniciativa de Ciudadanos porque este mismo grupo registró recientemente una proposición de ley contra la 'okupación' con medidas similares, aunque han admitido que existe un problema que hay que abordar.

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