​El Gobierno prepara una fuerte subida de los impuestos de Sucesiones y Patrimonio

La nueva ley antifraude que está elaborando el Ministerio de Hacienda que dirige la ministra María Jesús Montero introduce entre su articulado un aumento de los impuestos de Sucesiones y Patrimonio. Un aumento que por ahora el Gobierno ha preferido mantener oculto.

La nueva ley viene a consolidar una práctica habitual ente los gobiernos autonómicos, aunque ha sido cuestionada por el propio Tribunal Supremo. Esto implica que va a ser a través del catastro que se establezca el valor de los inmuebles, una práctica que en la mayoría de los casos supone que el valor de un inmueble no se corresponde con lo que consta en la escritura y, por lo tanto, puede exceder el propio valor del mercado. Y eso implica pagar más impuestos.

Una forma de actuar habitual en las comunidases autónomas es que el valor de un inmueble se establezca solo mirando el catastro, sin conocer el estado real del inmueble. Pese a que  la doctrina del Tribunal Supremo establece que las haciendas autonómicas no pueden establecer el valor de un inmueble solo en base a su valor catastral y que los peritos deben desplazarse al lugar en el que se encuentra el inmueble para establecer su valor real, los gobiernos autonómos suelen hacer caso omiso a esta doctrina.

Lo que viene a hacer la nueva ley antifraude que prepara el Gobierno es refrendar el modo de actuar de las haciendas autonómicas ya que recoge que " el valor de referencia que establece el Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva".

Para evitar que los tribunales sigan echando para atrás este tipo de actuaciones de las comunidades autónomas, el Gobierno elabora una ley para intentar sortear este tipo de decisiones judiciales. Los expertos aseguran que esta ley obligará a todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica, a pagar unos impuestos muy elevados por cualquier transmisión patrimonial o herencia que reciban.

El nuevo texto también facilitará a las comunidades autónomas que hagan las comprobaciones en base al nuevo Valor de Referencia de Mercado, un sistema por el que se establece que el valor del inmueble según una variable pero que permite a las autonomías superar siempre el valor real del mercado. La Ley reguladora del Impuesto sobre Patrimonio establece que el valor del inmueble se establece por tres referencias, el valor catastral, el comprobado por la administración o el valor de adquisición. Y la administración siempre se acogerá al más alto de los tres, por lo que siempre cobrará el impuesto más elevado.