jueves, 28 de marzo de 2024 15:57
Politica

El Gobierno autoriza a varias autonomías a emitir pagarés y deuda a largo plazo y a otorgar garantías

El Consejo de Ministros ha autorizado en su reunión de este martes a varias Comunidades Autónomas a emitir pagarés y deuda pública a largo plazo y a otorgar garantías para aumentar liquidez, refinanciar préstamos y lanzar líneas de avales para fomentar la actividad económica en distintos sectores.
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La ministra Portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa, Madrid (España), a 20 de octubre de 2020.

El Consejo de Ministros ha autorizado en su reunión de este martes a varias Comunidades Autónomas a emitir pagarés y deuda pública a largo plazo y a otorgar garantías para aumentar liquidez, refinanciar préstamos y lanzar líneas de avales para fomentar la actividad económica en distintos sectores.

En concreto, el Gobierno ha autorizado a la Comunidad de Madrid a realizar una ampliación de las cuantías del Programa de Emisión de Pagarés, pasando de los 500 millones de euros autorizados como importe máximo en el acuerdo de Consejo de Ministros del 11 de febrero, hasta un total de 1.000 millones de euros. Esta ampliación del programa pretende aumentar la liquidez a corto plazo a un coste más reducido que el resto de alternativas para atender necesidades transitorias de tesorería de la Comunidad.

Un segundo acuerdo permite a Castilla y León formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 1.000 millones de euros. Estas operaciones tienen como finalidad la refinanciación de préstamos formalizados anteriormente por la Administración castellano-leonesa que mejoren las condiciones pactadas.

El tercer acuerdo autoriza a Murcia a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 550 millones, con el objetivo de amortizar anticipadamente operaciones de deuda suscritas en ejercicios anteriores en el marco del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas. Ello con el fin de conseguir una reducción de los costes financieros de la cartera de deuda.

GARANTÍAS
En materia de otorgamiento de garantías, el Consejo de Ministros ha aprobado diversos acuerdos que afectan a varias comunidades autónomas. Uno de ellos autoriza a Aragón a otorgar garantías por un importe máximo de 3.175.000 euros.

Este importe se concreta en un aval por un máximo de tres millones, a otorgar por la Administración aragonesa a la sociedad participada Aramon, Montañas de Aragón S.A., y en una línea de avales por un máximo de 175.000 euros que tiene previsto otorgar la Fundación Zaragoza Logistics (ZLC) para garantizar préstamos a los estudiantes de los másteres de esta fundación para el curso académico 2020-2021.

El Consejo de Ministros también ha autorizado a País Vasco a otorgar garantías por un máximo de 232.762.000 euros en forma de reafianzamientos que cubran el riesgo derivado de las operaciones formalizadas dentro de los convenios suscritos entre el Gobierno vasco y sus entes con Elkargi, SGR -para diversas líneas de reavales, entre ellas una línea extraordinaria COVID-19-; con entidades financieras, sociedades de garantía recíproca y Luzaro Establecimiento Financiero de Crédito, SA.; y con Audiovisual Aval SGR, durante el período comprendido entre junio y diciembre de 2020.

El Gobierno también ha autorizado a Cantabria para otorgar garantías por parte del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) hasta un máximo global de 53.809.287 euros, que cubran el riesgo de las operaciones de préstamos durante 2020.

CATALUÑA
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado a Cataluña a conceder garantías para cubrir el riesgo de las operaciones de préstamo que se formalicen por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) durante 2020, por un máximo de 142.869.191,34 euros.

Por último, el Consejo de Ministros ha autorizado también a Cataluña para que la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) pueda otorgar garantías y avales hasta un máximo global de cuatro millones de euros, que cubran el riesgo de los préstamos que formalicen las entidades financieras colaboradoras con estudiantes para financiar la matrícula universitaria durante el ejercicio 2020.

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