El Gobierno dota con 21,5 millones a Ceuta y Melilla para financiar actuaciones sociales y plantas desalinizadoras

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto por el que se regulará la concesión directa de subvenciones para financiar actuaciones sociales y el funcionamiento de plantas desalinizadoras y desalobradoras en las ciudades de Ceuta y Melilla con una financiación de 21,5 millones de euros.

En concreto, este Real Decreto contempla la financiación del mantenimiento de las plantas desalinizadoras, con un importe de 3.972.850 euros, a favor de Ceuta y de 4.027.150 euros a favor de Melilla, en atención a la población de derecho a 1 de enero de 2019.

En cuanto a las actuaciones sociales que serán objetivo de subvención directa, tendrán unos importes de 3.250.000 euros para actuaciones en Ceuta y de 10.250.000 euros para actuaciones de carácter social en Melilla.

El Estado contribuye desde hace varios años, mediante aportaciones específicas en los Presupuestos Generales del Estado, al sostenimiento financiero de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras de ambas ciudades autónomas, así como a la financiación de actuaciones sociales en dichas ciudades.

JUSTIFICACIÓN DE INTERÉS GENERAL
Estas subvenciones directas tienen un carácter excepcional y se justifican porque en ellas concurren razones de interés general, social y económico. Tanto Ceuta como Melilla, por su especial situación geográfica, carecen prácticamente de los recursos de agua convencionales de los que disfrutan la mayoría de ciudades españolas, lo que ha propiciado la búsqueda de fuentes alternativas, como la desalinización del agua de mar.

Asimismo, estas ciudades autónomas constituyen la frontera sur de Europa y están sometidas a una fuerte presión migratoria. Por ello, su desarrollo industrial se encuentra limitado por las reducidas dimensiones de sus territorios y por la inexistencia de materias primas locales.

En este contexto, existe una importante necesidad de atender determinados gastos estructurales en materia de servicios sociales, recogida de residuos, seguridad pública y privada. Todo ello, a juicio del Ejecutivo, avala el interés general, económico y social requeridos que justifica la adjudicación directa de estas subvenciones, mediante su aprobación a través de este Real Decreto, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Subvenciones, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de ambas ciudades autónomas.