Arrimadas acusa al Gobierno de pasar la responsabilidad a las CCAA para que la imagen de Sánchez no se desgaste

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al Gobierno de no asumir su responsabilidad y derivar a las comunidades autónomas la gestión de la crisis del coronavirus para evitar que la imagen del presidente, Pedro Sánchez, se desgaste, tras lo cual le ha çdo que se preocupe menos por la comunicación y más por los profesionales sanitarios y las familias.

En el Pleno del Congreso, donde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido el apoyo de los diputados al estado de alarma para un periodo de seis meses, Arrimadas ha instado al Gobierno a liderar la gestión de la pandemia y no dejarla en manos de "un experto en comunicación", en referencia al jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo.

"Están muy centrados en que no se desgaste la imagen de Pedro Sánchez, pero no en que no se desgasten los sanitarios en los hospitales o las familias en sus casas", ha criticado, añadiendo que "la única razón" por la que el Ejecutivo central "deriva la responsabilidad a las comunidades autónomas" en la gestión de la crisis sanitaria es para evitar ese desgaste.

En su opinión, que el Gobierno del PSOE y Unidas podemos "se lave las manos" y que el presidente no defienda el estado de alarma ante el Congreso "no es serio" y producirá "un problema de eficacia" en la adopción de medidas que frenen los contagios.

SE LLEGARÁ "TARDE OTRA VEZ" AL CONTROL DE LA PANDEMIA
Al final se va a "llegar tarde otra vez" al control de la epidemia y el Ejecutivo tendrá que acudir de nuevo al Congreso para plantear "medidas más drásticas", ha augurado, para después dirigir una petición a Illa: "Estamos a tiempo de salvar muchas vidas y muchos empleos. Rectifiquen y asuman su responsabilidad".

Además, la líder de Cs ha calificado de "vergüenza democrática" que Sánchez no asuma en primera persona la aplicación del estado de alarma y que haya tenido que ser "obligado" por los grupos parlamentarios a comparecer tres veces en los próximos seis meses, ya que él pretendía no rendir cuentas en relación con este instrumento excepcional que restringe derechos fundamentales.