miércoles, 25 de noviembre de 2020 11:59
Politica

Vox pide en el Congreso aumentar las capacidades del CNI en ciberseguridad

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, consulta su teléfono móvil

Vox quiere que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuente con más medios materiales y humanos para sus capacidades de ciberseguridad, mejorando la respuesta a los ataques que se reciben a través de las redes, fomentando la colaboración con el sector privado y redactando un plan que facilite la identificación de los autores de los 'ciberataques'.

En una proposición no de ley registrada en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox recuerda que la Ley de Seguridad Nacional contempla la ciberseguridad como uno de los ámbitos de "especial interés" para España y recalca que "la unidad de acción" y la coordinación son preceptos "indispensables" para una estructura de ciberdefensa "eficaz y eficiente".

Para ello, pide al Gobierno que impulse la creación de empresas privadas españolas especializadas en el ámbito de la ciberseguridad y que se promueva la cooperación en el sector privado en el ámbito de la ciberdelincuencia.

Según constata, uno de los mayores problemas en el ámbito 'ciber' es el de la identificación de los atacantes, por lo que propone el desarrollo de un 'Programa de Atribución' que permita facilitar la identificación de los actos en el ciberespacio considerados delitos.

Vox pone como ejemplo la Agencia para Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) de Estados Unidos, que cuenta con un programa similar para "aumentar la capacidad del gobierno para identificar a los autores de actos ilícitos en el dominio del ciberespacio, desarrollando técnicas y herramientas que permiten descifrar la procedencia de los ataques".

Por último, el partido liderado por Santiago Abascal reclama potenciar las relaciones de España con otros estados y organizaciones internacionales competentes en la lucha contra la ciberdelincuencia. Según recuerda, el Convenio sobre la Ciberdelincuencia sellado en Budapest en el año 2001 la necesidad de aplicar una política penal común y aumentar la cooperación público y privada en el ámbito de la ciberdelincuencia.

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