La CNMV quiere evitar que algunas firmas extranjeras con pasaporte en España sigan adoptando malas prácticas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene previsto dirigirse a los supervisores de valores de otros países de la Unión Europea para que trasladen las pautas para el adecuado cumplimiento de la normativa en la comercialización de productos financieros a los intermediarios registrados en su territorio pero que cuentan con pasaporte para operar en España sin sucursal.

Asimismo, el organismo presidido por Sebastián Albella ha asegurado que no descarta adoptar medidas adicionales en caso de situaciones perjudiciales para los intereses de los inversores en España o para el correcto funcionamiento de los mercados.

"La CNMV continuará defendiendo activamente en ESMA la adopción de medidas coordinadas a nivel europeo tendentes a mejorar la protección de los inversores en este ámbito", ha indicado la CNMV en un comunicado hecho público este martes sobre determinadas malas prácticas en la comercialización transfronteriza de servicios de inversión.

La CNMV ha explicado que el incremento en los últimos años de la actividad de comercialización de determinados instrumentos complejos y de elevado riesgo entre clientes minoristas por parte de ciertos intermediarios financieros especializados ha aconsejado la adopción de diversas medidas de protección.

En esta línea, se han reforzado las actividades de seguimiento y de supervisión de la comercialización de productos especialmente complejos. Como resultado, se han identificado ciertas prácticas inadecuadas que son frecuentes en la actividad de algunas entidades radicadas en otros países de la Unión Europea que comercializan productos en España con base en el denominado pasaporte europeo.

Las malas prácticas más habituales están relacionadas con las actividades de comercialización de servicios de inversión y captación de clientes por medio de terceros no autorizados, así como la promoción de la operativa en CFD a través de entidades del grupo situadas en terceros países y no autorizadas a operar en la UE.