viernes, 29 de marzo de 2024 06:48
Economía

Hacienda ultima la implantación de un nuevo modelo de gestión informática en el ámbito tributario

El Ministerio de Hacienda ultima las instrucciones para la implantación de un nuevo modelo "pionero" de gestión informática en los Tribunales Económico-Administrativos (TEAC) y en la Dirección General de Tributos con la colaboración de la Agencia Tributaria, que alojará sus sistemas de información, lo que reducirá costes y tiempos de respuesta de solicitudes de información para avanzar hacia una "Administración pública 2.0".
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La secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón

El Ministerio de Hacienda ultima las instrucciones para la implantación de un nuevo modelo "pionero" de gestión informática en los Tribunales Económico-Administrativos (TEAC) y en la Dirección General de Tributos con la colaboración de la Agencia Tributaria, que alojará sus sistemas de información, lo que reducirá costes y tiempos de respuesta de solicitudes de información para avanzar hacia una "Administración pública 2.0".

Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, durante la apertura del XXX Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en la que ha destacado que se trata de un "gran paso" en la gestión integral y compartida del conocimiento, en la mayor eficiencia del uso de tecnologías de la información y un "revulsivo" para alcanzar mayores cotas de eficacia de la AEAT, avanzando hacia la "Administración Pública 2.0".

Bardón ha explicado que se están ultimando las instrucciones para la implantación de este nuevo modelo de gestión informática, de forma que la AEAT prestará colaboración técnica informática a los TEAC y a Tributos para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos necesarios para la tramitación y resolución de los procedimientos de sus respectivas competencias.

En concreto, la AEAT alojará los sistemas de información de los TEAC y de la Dirección General de Tributos en aras de conseguir menores costes y para reducir la complejidad de la solución informática, ha precisado Bardón.

Además, ha resaltado, redundará en un mayor y mejor servicio público a los ciudadanos acortando los tiempos de respuesta en relación a sus reclamaciones y solicitudes de información y facilitará a los funcionarios el desarrollo de su trabajo.

Esta iniciativa "pionera" en el ámbito tributario es fruto de una consultoría realizada conjuntamente por la inspección de servicios del Ministerio de Hacienda y del servicio de auditoría interna de la Agencia Tributaria.

LOS INSPECTORES PIDEN INVERSIÓN EN INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
De su lado, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Berta Tomás Vidal, ha subrayado la importancia de una administración tributaria con una informática "puntera" porque será "sinónimo de éxito" en la lucha contra el fraude fiscal más sofisticado, por lo que ha reivindicado la importancia "más que nunca" de la inversión en informática, nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de esta inversión para mejorar la asistencia virtual al contribuyente, las visitas de los inspectores de Hacienda mediante videoconferencias y un mayor control de los datos de los contribuyentes, así como en mejorar el tratamiento de los "millones de datos" que dispone Hacienda de los ciudadanos.

CAMBIOS FISCALES, LEY CONTRA EL FRAUDE Y FUTURA REFORMA TRIBUTARIA
Por otra parte, Bardón ha indicado que la legislatura está marcada por la "mayor pandemia del siglo" y ha recordado que las previsiones son de una caída del PIB del 11,2% este año y un crecimiento del 9,8% en 2021, contando con los fondos europeos, pero ante el reto "enorme" de lograr la recuperación y garantizar el Estado de Bienestar cree en la "consecución" de ambos objetivos mediante políticas fiscales y presupuestarias "expansivas".

Aunque en un escenario con una actividad económica "resentida" muchas de las medidas anunciadas han tenido que ser pospuestas al momento en el que se supere la crisis, Bardón ha avanzado que se acometerá una reforma "en profundidad" del sistema tributario al presentar España un diferencial de 7 puntos por debajo de la media europea en ingresos públicos.

"No se puede tener un Estado de bienestar de primera con ingresos de tercera", ha enfatizado, por lo que aboga por replantear el sistema tributario para hacerlo "más justo" e inspirado en los principios de "igualdad y progresividad" para que "cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de su necesidad".

Además, incorporará un compromiso medioambiental, adaptado a la economía del siglo XXI digital y globalizada, incentivará hábitos de vida saludable, contemplará la perspectiva de género y medidas coordinadas en el ámbito de la UE.

Así, ha repasado algunos de los cambios fiscales recogidos en los PGE, como el alza del IRPF a las rentas más altas, el límite del 95% a la exención por dividendos y plusvalías del Impuesto sobre Sociedades o la reducirán las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales a 2.000 euros la aportación máxima, elevando el límite de reducción de 8.000 a 10.000 euros en los planes de empresa para "potenciar las contribuciones a favor de los empleados".

A ello se sumarán en otras leyes los requisitos adicionales en las 'sicav' para beneficiarse de su régimen especial, como una participación mínima de 2.500 euros, y en el caso de las 'socimi', un gravamen del 15% para beneficios no distribuidos.

También ha recordado la subida del IVA del 10% al 21% para bebidas azucaradas y edulcoradas para promover un "consumo responsable", o la subida del tipo de gravamen aplicable el Patrimonio al último tramo de la tarifa y su mantenimiento con carácter indefinido, así como el alza del 6% al 8% del tipo del impuesto a las primas de seguros, para ayudar en ambos casos ala consolidación de las finanzas públicas.

Por último, Bardón ha repasado las medias de la nueva Ley de lucha contra el fraude, que refuerza la normativa para exigir mayor transparencia actualizando la lista de paraísos fiscales, reduce de 2.500 a 1.000 euros el límite de pago en efectivo de empresarios y profesionales, prohíbe amnistías fiscales, el software de doble uso, regula el mercado de criptodivisas y transpone la directiva europea antielusión, entre otros.

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