Un total de 21 profesores universitarios se unen contra la reducción fiscal de planes de pensiones

En apoyo a las patronales Inverco y Unespa
Un total de 21 catedráticos y profesores universitarios se han unido al rechazo mostrado por las patronales de inversión y del sector asegurador, Inverco y Unespa, por los recortes de los beneficios fiscales de los planes de pensiones privados.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 rebaja de 8.000 a 2.000 euros los límites anuales de aportación a sistemas de previsión social individuales, y de 2.500 a 1.000 euros los realizados a favor del cónyuge.

Los 21 profesores y catedráticos de universidad firmantes consideran que las reducciones del 75% de la cuantía deducible y del 60% de la aportación al cónyuge perjudicarán a 3,2 millones de autónomos y a más de 4,3 millones de trabajadores por cuenta ajena.

Por ello, abogan por el mantenimiento del tratamiento actual de los sistemas de ahorro individuales para la jubilación, que consideran "imprescindible", con arreglo a la experiencia internacional de otros países de la Unión Europea.

A juicio de los firmantes, la propuesta del Gobierno de impulsar los sistemas de pensiones en el ámbito empresarial en España no debe realizarse reduciendo "drásticamente" la capacidad de los particulares de destinar su ahorro de forma voluntaria a reforzar su futura pensión.

VEN LA MEDIDA "DISCRIMINATORIA"
Así, señalan que el establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite inferior, es "discriminatorio" para la gran mayoría de la población ocupada española.

Afectaría especialmente a las 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; así como a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente.

Por ello, defienden que el sistema individual es "necesario e imprescindible" para todos aquellos que, como los autónomos, no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas.

REFORMA CON EFECTOS INDESEADOS
Asimismo, prevén que la reforma que propone el Gobierno puede tener "efectos indeseados" por la cuantía insuficiente de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual bajo los nuevos parámetros.

A razón de 2.000 euros por año, un autónomo podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero.

Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual "insuficiente" para complementar la pensión pública de un trabajador autónomo y garantizarle unos ingresos totales adecuados.

REDUCIRÁ LOS INGRESOS DEL ESTADO
Desde el punto de vista de la Hacienda Pública, sostienen que la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación, es decir, que su tratamiento fiscal no genera beneficios.

La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones.

Por lo tanto, aseguran que toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo.

SE UNE AL APOYO DEL MUNDO EMPRESARIAL
Este apoyo del mundo académico llega unos días después de que 18 asociaciones empresariales y profesionales españolas firmaran también un manifiesto conjunto en apoyo del actual límite fiscal en los planes de pensiones privados, frente a la reducción propuesta por el Gobierno.

Entre los firmantes de este manifiesto figuran Mercedes Ayuso Gutiérrez, Catedrática de Estadística Actuarial por la Universidad de Barcelona; Santiago Carbó Valverde, Catedrático de Universidad de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Granada; y Rafael Doménech Vilariño, Catedrático de Análisis Económico, Universidad de Valencia.

Asimismo, firman Iñaki de la Peña Esteban (Universidad del País Vasco), José Enrique Devesa Carpio y Mar Devesa Carpio (Universidad de Valencia); Inmaculada Domínguez Fabián, Beatriz Rosado Cebrián y Borja Encinas Goenechea (Universidad de Extremadura); María del Carmen González Velasco, Francisco Sáez Trujillo, María Pilar Sierra Fernández y Pilar Gutiérrez Santiago (Universidad de León), entre otros académicos.

Jose Antonio Herce San Miguel (LORIS), Juan Carlos Higueras Redecillas (EAE Business School), Javier Lasarte Álvarez, (Universidad Pablo de Olavide), Francisco Rodríguez Fernández (Universidad de Granada), Juan José Rubio Guerrero (Universidad de Castilla-La Mancha), Javier Santacruz Cano (IUNIT), José Luis Sarto Marzal y Luis Alfonso Vicente Gimeno (Universidad de Zaragoza) completan la lista de firmantes.