El Justicia aragonés aboga por normativa del juego que contemple el interés del menor como bien jurídico a proteger

La institución del Justicia de Aragón ha elaborado un 'Informe especial sobre el juego y los menores en Aragón'. Entre las conclusiones del estudio, queda patente la necesidad de una regulación normativa sectorial que debe contemplar de forma expresa el interés superior del menor como bien jurídico a proteger.

Así lo ha indicado el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, y el asesor de Justicia, Interior y Atención a la Ciudadanía, David Acín.

Ángel Dolado ha confiado en que este documento sirva de apoyo para las distintas normativas sobre las que se está trabajando en el ámbito del juego, para lo que ha sido entregado a las Cortes autonómicas. Ha detallado que existen muy pocos informes pormenorizados sobre este tema en Aragón que estén centrados en menores. En este contexto, ha agregado que los realizados no permiten conocer la dimensión del problema.

"Nuestra primera conclusión ha sido que los trabajos estadísticos evidencian la existencia de un amplio grupo de menores que tiene acceso a apuestas, tanto presencial como online, pero las inspecciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos y una pequeña muestra que hemos realizado desde el Justiciazgo en 34 locales, no han constatado dicho fenómeno, pero es públicamente evidente el fenómeno de adicción entre menores, sobre todo online".

Ante esta situación, ha considerado que este fenómeno tiene que ser afrontado transversalmente por las administraciones públicas, los padres y por la sociedad. "En Aragón, tenemos una franja de unos 50.000 jóvenes, entre 14 y 17 años, se reconocen como jugadores presenciales unos 9.500, un 10 por ciento y online la mitad, 4.727", ha dicho haciéndose eco de un estudio de la Universidad de Zaragoza.

Aunque ha reconocido que, "fiscalmente, en 2019, Aragón el sector ingresó 42 millones de euros, dio unos 1.100 puestos de trabajo y destinó 3 millones a todos los planes de adicciones".

Dolado ha detallado que varios padres han acudido al Justiciazgo para reconocer que tenían hijos con problemas de ludopatía y deudas importantes: "El problema existe, y requiere identificación de las de causas y búsqueda de soluciones".

Ante esta situación, el Justicia propone una regulación normativa sectorial que contemple, expresamente, el interés superior del menor como bien jurídico a proteger. También que la Comisión de Juego de Aragón, con la inclusión de todos los agentes implicados, sea un instrumento transversal de participación, estudio y análisis de la problemática del sector.

Ha apostado por un sistema sanitario, junto a otros departamentos, que se adapte a las nuevas adicciones, con especial atención en al ámbito de la salud mental, y ha señalado que cabe pedir una corresponsabilidad de quienes ejercen la autoridad familiar sobre los menores y la regulación y control que desarrolla la administración.

Ha hecho referencia a que hay que trabajar en le zonificaicón, para controlar urbanísticamente que existan locales de juego en entornos de menores. Además, ha considerado que la adecuada prohibición de publicidad del sector al deporte profesional debe conllevar medidas de apoyo de los poderes públicos autonómicos al mismo.

"Es necesaria la elaboración de un protocolo para el diagnóstico precoz de adicciones al juegos y debería modificarse la terminología relacionada con el sector, pasando del concepto "juego responsable" a "juego ético".

Asimismo, ha sostenido que las administraciones públicas deben promover la investigación del juego como posible ámbito de adiciones, potenciando la formación de los profesionales implicados en su ámbito.

INFORME COMPLICADO
El lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, ha reconocido que ha sido un informe complicado de realizar. No sólo por el tema que ha tratado sino también por la pandemia, que ha impedido que se completasen las inspecciones que tenían previstas realizar en el marco del estudio.

De hecho, ha incidido en que la última inspección que hicieron en un salón de juego fue el 9 de marzo. Después, la crisis sanitaria les obligó a cancelar el resto de visitas a centros de juego que tenían programadas.

Hernández ha incidido en que este informe se ha hecho desde la "transversalidad" y que no se ha encargado de forma externa, siguiendo la política que tiene la institución al respecto desde la llegada de Dolado al cargo, pero sí que se ha realizado con el apoyo de gente externa a la casa.

Ha apuntado que Aragón solo tiene competencia en el juego presencial, no en el juego online, pero ha hecho hincapié en lo adictivo de las partidas a través de internet, incluso de los videojuegos. Además, aunque el juego esté prohibido para los menores, tienen acceso a él.

No obstante, Hernández ha apostillado que no se trata de denominzar al sector, ya que es una actividad económica, con sus consiguientes puestos de trabajo. "Esto no es algo anormal", ha afirmado al tiempo que ha puesto como ejemplo los que también ocurre con el alcohol o el tabaco.

UNA ENFERMEDAD
El asesor David Acín ha evidenciado que la ludopatía es una enfermedad y, como tal, debe ser tratada dentro del sistema sanitario. También ha advertido de que uno de los problemas a los que se enfrentan los padres a la hora de prevenir este problema, es la brecha digital que existe con sus hijos. Esto se debe a que desconocen por completo lo que hacen sus hijos en internet, los términos que utilizan y las plataformas que emplean.

Ha apuntado que en ámbito de la lucha contra la ludopatía entre los jóvenes, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón debería incluir formación sobre el riesgo que puede acarrear el juego y las apuestas.

En otro orden de cosas, Acín ha alertado de que 606 personas, en el último año, se borraron del registro de autoprohibidos de los salones de juego. Esto se puede deber a que se haya caducado el periodo para el que estaban inscritos o que hayan decidido volver a jugar.

ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
El informe recoge un estudio de la Universidad de Zaragoza, 'Juego de azar y apuestas en jóvenes y adolescentes en Aragón', dirigido por la profesora Yolanda López del Hoyo, que ha sido llevado a cabo con 50.000 jóvenes entre 14 a 17 años, y que indica que hay casi un 20 por ciento de jugadores presenciales (9.500) y un 10 por ciento online (4.727). Un 38,4 por ciento de los estudiantes de Instituto juegan a apuestas deportivas, y reconocen problemas con el juego un 6 por ciento.

Sin embargo, frente a esos datos, en todo Aragón, sobre 142 locales de juego, las infracciones sobre menores fueron 5 en 2017, 5 en 2018 y 0 en 2019. En términos económicos, en 2019, el sector del Juego en Aragón ingresó 42 millones de euros a las arcas públicas, produjo 1.100 puestos de trabajo y dedicó 3 millones de euros para su prevención a través del III Plan de adicciones.

"Se impone, por tanto, una necesaria coherencia a la hora de abordar el juego y sus consecuencias. Somos conscientes de que resulta complicado conjugar la libertad individual de los ciudadanos, la del mercado actuando dentro de la legalidad, con la imprescindible prevención de un problema de salud que afecta a miles de ciudadanos cada año", ha detallado la institución en su informe, en el que también se indica que el derecho a la salud debe primar.

En este contexto, el informe habla del profesor aragonés Mariano Chóliz, quien ejerce como docente e investigador en la Universidad de Valencia y que defiende el cambio de paradigma desde el concepto de "Juego responsable" hacia lo que se ha venido en denominar "Juego ético".