El PP se opone a ratificar la Carta Social Europea revisada porque no ve garantizada la seguridad jurídica

El PP votará este lunes en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en contra de ratificar la Carta Social Europea revisada, porque considera que en el instrumento de ratificación el Gobierno no deja claro si queda excluido el protocolo de reclamaciones colectivas, un protocolo que, a juicio del PP, puede crear situaciones contrarias a la seguridad jurídica.

Así lo ha explicado la portavoz 'popular', Valentina Martínez Ferro, que ha explicado que ese protocolo permite presentar reclamaciones ante el Comité Europeo de Derechos Sociales aunque vayan en contra del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia española, "lo que sin duda iría en contra de la seguridad jurídica".

Martínez Ferro ha señalado que precisamente la necesidad de seguridad jurídica y de adaptar previamente algunos aspectos de la ley española es lo que ha llevado a sucesivos gobiernos a ir retrasando la ratificación. Eso cambió el pasado 10 de noviembre, cuando el Consejo de Ministros envió el texto a las Cortes.

Por otro lado, la diputada ha avisado de que los derechos incorporados en la versión revisada de la Carta son "de carácter genérico" y eso puede llevar a una interpretación "arbitraria" por parte del Comité.

Además, cree que todas ellas están "reconocidas y protegidas suficientemente" en el ordenamiento jurídico español, incluida la Constitución, y en los Tratados europeos.

Se ha referido, en concreto, a conceptos como la protección en caso de despido, dignidad en el trabajo, igualdad de oportunidades para los trabajadores con responsabilidades familiares, protección de los representantes de los trabajadores, derecho de información y consulta en despidos colectivos, protección contra la pobreza y la exclusión social y la vivienda.

La Carta es un tratado del Consejo de Europa para garantizar los derechos sociales y económicos fundamentales y "aboga por la protección de los colectivos sociales más vulnerables especialmente en el ámbito laboral". Reconoce 31 derechos relacionados con trabajo, asistencia social, sanitaria, participación e información, entre otras materias.