Los peritos de Griñán avalan el sistema de financiación de EREs pero admiten que los controles no son precisos

Los catedráticos Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Lago, autores del informe pericial de parte presentado por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán en la causa por los EREs fraudulentos en Andalucía han ratificado este jueves en el Supremo las conclusiones de su trabajo, que avala el uso de las denominadas transferencias de financiación para dotar estas ayudas si bien admiten que este instrumento no admite controles precisos y que los errores se corrigen "a posteriori".

En opinión peritos, según el acta que recoge la ratificación de su informe ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, a la que ha tenido acceso Europa Press, no hay merma de controles por el hecho de utilizar las transferencias de financiación, si bien los mecanismos de control no podían detectar lo que se investiga tanto en el Supremo como en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla porque éstos eran meramente documentales. Han apuntado no obstante que el porcentaje de error fue inferior al 1 por ciento.

Lo que no es cierto, según los expertos en derecho Financiero y Tributario, es que las denominadas transferencias de financiación sustituyan a los controles, porque esta figura presupuestaria tiene los suyos propios.

RESPONSABILIDAD DE TRABAJO

Los peritos han centrado su intervención en el Supremo, que ha sido de carácter muy técnico, en diferenciar el control del gasto que se ralizó y la gestión de los expedientes de las ayudas.

Así, han insistido en que las ayudas socio-laborales concedidas por la Junta eran directas y suponían la autorización de un gasto que aprobaba el Director General de Trabajo y que podía ser objeto de fiscalización.

El pago no lo hacía la Dirección General de Tesorería sino el instituto IFA/IDEA -dependiente de la Consejería de Economía-, que hacía una función de caja para materializar los pagos. Por ello han insistido en que decir que las trasferencias de financiación se han utilizado para evitar los controles -tal y como sostiene la instructora de la causa en Sevilla, Mercedes Alaya-, es un "craso error".

A juicio de los dos catedráticos el citado instrumento presupuestario se puede utilizar legalmente para los pagos realizados por el IFA (luego IDEA) y con ello no se alteraba en modo alguno el control sobre este gasto.

Sobre la partida presupuestaria utilizada para las ayudas (la 31.L), los peritos han recordado a preguntas del abogado del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán que se formularon por los parlamentarios andaluces un total de 170 enmiendas y que en algunas se proponía incluso un incremento de las partidas de dicha partida.

En este punto han manifestado que los diputados andaluces ejercieron su derecho de información y enmienda, por lo que conocían perfectamente ese programa y su destino, cumpliendo así con las exigencias de la especialidad cualitativa del mismo.

Además, los peritos han insistido en que si se comparan las subvenciones por el procedimiento ordinario y las financiadas por transferencia de financiación no hay diferencias sustanciales, en cuanto a su control.

CONFUSIONES DEL INTERVENTOR

Los catedráticos también han mantenido que el interventor de la Junta de Andalucía comparó el régimen de la concesión de subvenciones con el de las transferencias de financiación "confundiendo" los términos y han aseverado que lo que debería comparar aquel es el procedimiento para la financiación de las ayudas mediante transferencias y el que, según él, hubiera sido adecuado.

Además, sobre la diferencia entre transferencia y subvención excepcional directa, que se tramitan sin concurrencia y con la publicidad otorgada a la situación, han mantenido que a partir de que existe esa publicidad no puede haber concurrencia porque afectaría a los procesos de negociación entre las empresas en crisis, sindicatos y trabajadores y han añadido que esas ayudas directas constan con un documento de autorización de gasto suscrito por el Director de Empleo que puede ser fiscalizado.

Con respecto a los informes de cumplimiento realizados por la Intervención General, han indicado que detectaron fallos pero que, de forma general, se cumplía, y han subrayado que los mismos finalizaron sin que se generase alguna señal de alarma.

Además, han mantenido que si se hubiera detectado un riesgo de menoscabo de fondos públicos o si no se hubieran seguido las indicaciones del interventor, tenía que haberse emitido un informe de actuación que, sin embargo, nunca se produjo.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

A preguntas de las defensas, los peritos también han hecho referencia a las modificaciones presupuestarias, que han enmarcado en aquellas situaciones en las que la previsión inicial de gasto es insuficiente. Además, han explicado que esos expedientes de modificación contaban con todos los informes preceptivos, algo que también corroboraron los propios peritos de la IGAE y la Cámara de Cuentas.

Las modificaciones presupuestarias ponían de manifiesto es el carácter impredecible de las crisis de las empresas y son tan habituales que la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla que el 2 por ciento vaya a un fondo de contingencia, han argumentado ante el instructor.

Al término de sus declaraciones, ambos han comparecido ante los periodistas y han asegurado que transferencias de financiación no son un "régimen perverso" y que su empleo es "absolutamente legítimo".

Han explicado que las transferencias de financiación se utilizan en "multitud" de administraciones "con absoluta normalidad", que no constituyen "un régimen perverso" y "que no permiten eludir ningún tipo de controles presupuestarios".

"Su empleo es absolutamente legítimo, con independencia de que haya podido haber algún supuesto en el que se haya producido abuso de ese mecanismo", ha incidido el catedrático tras ratificar ante el juez el informe que elaboraron los catedráticos.

Por otro lado, Zornoza ha establecido una comparecencia entre su informe y el de la IGAE y ha dicho la "diferencia" es "como la que hay entre el día y la noche". "Los peritos de la IGAE parecen mantener que las transferencias de financiación en sí mismas son un mecanismo ideado para evitar los controle presupuestarios", ha criticado.